El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha informado este jueves desde Luxemburgo que el Gobierno se replantea reclamar a Volkswagen el retorno de las ayudas concedidas con el plan Pive por la falsificación de las emisiones contaminantes de los motores diésel. Se ha reunido con el resto de responsables del sector en la Unión Europeo sobre el alcance masivo del fraude.

Responde de esta forma a las exigencias de los trabajadores de grupo, básicamente, de Seat, que le recordaron que están en juego la continuidad de 14.000 empleos director y más del doble de indirectos si prospera esta sanción. El político de origen canario ha reconocido que mantuvo una reunión el miércoles por la tarde con una delegación de Volkwagen llegada desde Alemania en la que el vicepresidente mundial de la automovilística se comprometió a entregar “documentación acreditativa de que técnicamente” el software que eludía los controles medioambientales no afecta a los “incentivos al vehículo eficiente”.

Sin reclamaciones a los compradores

El ministro ha detallado que Volkswagen manipuló las emisiones de óxido de nitrógeno y no las de dióxido de carbono, las que contempla dicho plan. Ha eludido decir claramente que el Gobierno renunciará a reclamar al fabricante alemán y a sus filiales las ayudas recibidas. Ha señalado que su departamento lo estudia tanto a nivel “técnico” como “jurídico”.

Eso sí, ha manifestado que el Ejecutivo nunca se ha planteado “ni vamos a plantear la devolución” de los incentivos por parte de los compradores, ya que actuaron de buena fe.

Soluciones concretas a finales de mes

Los representantes de Volkswagen también informaron al ministro de que ultiman un “plan de acción” para ofrecer soluciones concretas “antes del 31 de octubre”. El grupo retirará “todos y cada uno” de los dispositivos instalados en 11 millones de motores diésel, 683.616 de ellos en España. Los cambios se realizarán en los concesionarios de la compañía, que se hará responsable de “absolutamente todas las modificaciones técnicas” que sean necesarias para corregir la situación.

Soria también ha indicado que de todos los coches con el software instalados en España, “aproximadamente 6.000” han salido de fábrica pero no están vendidos. La empresa le informó este mismo jueves tras “verificar bastidor por bastidor” de los coches que tienen en stock y serán retirados directamente del mercado. El Ministerio ha paralizado su venta. La cifra duplica que la inicialmente ofreció Volkswagen.

Contrato a Jones Day

Los portavoces de la sede central de la compañía en Wolfsburg (Alemania), han declarado que la resolución de la crisis se prolongará durante “meses” y que hasta la próxima semana no informarán de las posibles soluciones que ofrecen a los vehículos afectados. A ello se le deben sumar las multas a las que deberá hacer frente, tanto de Administraciones por la alteración de las emisiones como de los posibles particulares o entidades del sector.

El consejo de vigilancia de Volkswagen ha confiado a la estadounidense Jones Day para investigar de forma independiente qué áreas y directivos del grupo participaron en el fraude internacional. Los letrados presentarán “de forma regular” informes al órgano directivo del grupo a medida que avance la investigación.