El ministro de Finanzas del Govern d’Andorra, Jordi Cinca, ha asegurado este martes que el gasto realizado por su Ejecutivo en la intervención de la Banca Privada Andorrana (BPA) será costeado por la misma entidad una vez finalicen las labores de auditoría, y en caso de que se deriven responsabilidades sobre la gestión de la banca.

"Lo que se pretende es que cualquier crisis financiera no esté pagada por el contribuyente, sino por los responsables que hayan provocado esa situación", ha afirmado el ministro durante la inaguración esta mañana de la II Jornada sobre Inversión y Negocios a Andorra, organizada por S&R Estrategias Empresariales y MB Comunicación. Con un tono dubitativo ante la prensa, el ministro nada ha dicho de quién pagará si no se demuestran responsabilidades.

El gasto no proviene de los fondos del BPA

Pese a las declaraciones de Cinca, lo cierto es que como se informó desde Crónica Global el desembolso realizado por el Govern en el llamado 'caso BPA' es de más del 5% de los gastos anuales que suelen destinarse al funcionamiento de la Administración andorrana.

Un gasto muy elevado que pondría en entredicho la conveniencia de la entrada del Ejecutivo en la entidad, sobre todo cuando el dinero no ha procedido de los fondos del BPA como se comentó en la última sesión de control. 

El titular de Finanzas, sin embargo, ha salido al paso alegando que en ningún momento se fijó una cifra para la auditoría: "Si se mira en el libro de sesiones se verá que nunca se habló del coste de la auditoría, lo que se dijo fue cuál sería el presupuesto de la AREB".

La AREB es la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias, un organismo dependiente del Gobierno del Principado que realizó una valoración de los activos del BPA recurrida ante la justicia andorrana por los antiguos propietarios de la banca, los hermanos Ramon e Higini Cierco. Los antiguos propiertarios consideran que los criterios de valoración de los activos tienen como objetivo último beneficiar a un eventual nuevo comprador.

No ve desproporcianada la 'Ley BPA'

El ministro también ha expresado su disconformidad con que la nueva legislación sea calificada de desproporcionada: "La ley es una ley de resolución hecha al amparo y exactamente bajo las directrices de la Unión Europea".

En este sentido, ha añadido que la directiva de la UE estipuló unos paramétros de resolución "razonables" que, a su modo de ver, pretendían evitar que al erario público le acabe costando dinero cualquier evento como el que ha sufrido la BPA. No obstante, el cargo total de las acciones emprendidas sobre la banca proviene, por el momento, del Gobierno. 

Estas declaraciones de Cinca negando la desproporción de las medidas chocan frontalmente con la visión de los accionistas de la entidad bancaria y de otros círculos financieros andorranos. Estos aseguran que fueron medidas injustificadas si se tiene en cuenta que aún no se ha encontrado ninguna de las presuntas irregularidades.

La minuta de PwC: no sabe, no contesta

Respecto a la única factura emitida por la auditoría PriceWaterhouseCoopers tras seis meses de trabajos, el ministro ha traspasado la responsabilidad de la cuestión a la agencia pública AREB: "Son ellos quienes gestionan esta cuestión y son ellos quienes tendrán que dar ante el Parlamento explicaciones sobre cómo se ha consumido el presupuesto destinado a esto".

Y es que otra de las partes más polémicas del caso BPA es el elevado coste que ha supuesto contar con el despacho internacional --más de 30 millones-- además de las altas retribuciones que han percibido por enviar a un centenar de profesionales al Principado a buscar entre los activos dañados de la entidad. Un trabajo del cual aún no se han comunicado los resultados. 

Finalmente, Cinca tampoco ha querido responsabilizarse sobre la fecha prevista para la finalización de la auditoría y ha zanjado el tema afirmando que "no le corresponde" a él, pero que le "consta" que en breve se terminará. Preguntado por si haber trabajado durante tiempo en Crèdit Andorrà, competencia del intervenido BPA, puede haber influido en sus decisiónes, el titular de Finanzas del Principado ha lanzado pelotas fuera limitándose a responder que ahora trabajaba a favor del gobierno del país.