El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha entrado, por sorpresa, en la campaña electoral del 27S y ha respondido a la amenaza del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de impagar la deuda de más de 66.000 millones de euros si el Gobierno no negocia la secesión de Cataluña.

En un comunicado emitido este miércoles, el ministerio ha señalado que estas declaraciones "no hacen más que volverse contra los intereses de Cataluña" y que esa opción "no le perjudica financieramente al Estado, que tiene su acceso garantizado a los mercados".

"Graves consecuencias" para las pensiones

"Declaraciones de este tipo, en las que el máximo responsable de una Administración pública plantea que no tendría problemas en incumplir las obligaciones contraídas, no ayudan a recuperar la credibilidad sino que, al contrario, afectan gravemente al prestigio de las instituciones", continúa Hacienda.

E insiste en que la amenaza del "incumplimiento de la legalidad vigente" no le conviene a los catalanes, "que estarían viviendo en un país financieramente inviable y políticamente inestable, con graves consecuencias para su economía, para sus empresas y para el sostenimiento de sus políticas sociales, desde el pago de las pensiones al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales". "Nadie que funda un Estado puede iniciar su proceso soberanista repudiando la deuda", subraya.

La Generalitat debe 37.487 millones al Estado

El comunicado recuerda que la Generalitat "ha conseguido financiarse, pese a tener cerradas las puertas de los mercados" con "bajos tipos de interés" gracias a la liquidez facilitada por el Gobierno. En concreto, entre 2012 y 2015, éste le ha suministrado 49.927,9 millones.

"En la actualidad, la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado es de 37.487 millones de euros, que es un 18,4% de su PIB regional y supone el 56,1% del total de su deuda, que asciende a 66.813 millones, el 32,8% de su PIB regional", explican.

Financiación al 0% de interés

El ministerio destaca que "el Estado sostiene financieramente a Cataluña desde el año 2012, de la misma manera que lo ha hecho con otras Administraciones con problemas de liquidez a las que los mercados cerraron sus puertas o pretendían cobrar unos tipos de interés muy elevados, incluso inasumibles, por concederles préstamos".

"Cataluña ha conseguido financiarse, y los bajos tipos de interés que paga, y que a partir de este año son del 0%, le suponen importantes ahorros en la factura de los intereses. En concreto, este año el ahorro será de 1.597,91 millones y la previsión para el año que viene es que ahorre otros 1.368,71 millones más", añade.

Buenas condiciones "porque forma parte de España"

La nota de prensa continúa señalado que "es evidente que Cataluña se está financiando ahora en buenas condiciones porque forma parte de España, porque la mutualización que ha llevado a cabo el Tesoro español de la deuda de las Administraciones territoriales es su puente con los mercados, y el Estado español es su puente con la moneda única".

"Si Cataluña saliera de España, todos esos puentes se vendrían abajo y se le acabaría esa financiación que necesita", remacha.

"¿Alguien está echando las cuentas?"

Por otra parte, el ministerio indica que "Cataluña, y el resto de las Comunidades Autónomas, se han beneficiado de la pertenencia a la zona euro, a través del Tesoro del Estado, que ha ofrecido carencias de principal y tipos de interés cero en todos los préstamos con el Estado".

Y se pregunta: "¿Alguien está echando las cuentas? ¿Quiere ahora alguna comunidad renunciar al trato de preferencia que les ofrece el Tesoro del Estado?

La deuda de la Generalitat es 'bono basura'

Hacienda recuerda que "Cataluña tiene una calificación crediticia de 'bono basura'".

Y concluye: "Si anuncia que no va a pagar la deuda, ¿quién la va a financiar?, ¿a qué precio? Si no hubiera sido por los préstamos concedidos por el Estado a través de los distintos Fondos puestos en marcha, la Generalitat no habría podido atender a los vencimientos de deuda que tiene contraídos de ejercicios anteriores; ni habría podido financiar su déficit público; ni habría podido sostener la financiación de los servicios públicos en Cataluña; ni se habría podido garantizar el pago de las facturas a muchas pequeñas y medianas empresas, proveedoras de la Administración catalana".