Un supuesto soborno de nueve millones de euros y la advertencia de que habría "problemas políticos" en caso de que Florentino Pérez no resultase adjudicatario. Son las principales premisas que sostienen la posible imputación del presidente del Real Madrid en la causa que investiga el presunto amaño del proceso para la adjudicación del hospital mallorquín de Son Espases, la mayor infraestructura pública sacada a concurso durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

El contrato para la construcción y explotación de la instalación sanitaria acabó en manos de una de las filiales de ACS, Dragados, tras un procedimiento plagado de supuestas irregularidades en el que inicialmente OHL se postulaba como ganadora al presentar la mejor oferta a nivel técnico y económico.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach lo definió de forma clara en la querella que, el pasado mes de julio, dio impulso a estas investigaciones: se trata de un concurso en el que "la perversión alcanza su máximo exponente".

Imputado o testigo

Ahora, el juez José Castro, instructor de estas pesquisas, deberá decidir en breve si cita a declarar a Florentino en calidad de testigo o imputado, dependiendo de la luz que arrojen las declaraciones previstas entre el próximo lunes y el 29 de septiembre en los Juzgados de Palma.

Hasta 22 testigos están citados durante esos días. Pero entre ellos, varios nombres que podrían ayudar a esclarecer a qué se debió el vuelco que, a finales de 2006, dio el proceso de adjudicación al decantarse por la UTE liderada por Dragados, cuando el informe realizado por una consultora externa -Global PM, cuya contratación también se encuentra bajo lupa judicial- dio la mayor puntuación a OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir -quien sí se encuentra imputado en la causa-.

Comisiones del tres por ciento

Entre esas comparecencias está prevista la del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores brindando una de las principales confesiones que el juez Castro tiene sobre la mesa.

El exedil popular, condenado en su día a dos años de cárcel por malversar 50.804 euros de las arcas municipales en clubes de alterne y a cinco por corrupción de menores, está citado el próximo miércoles, siete meses después de revelar, también ante Castro, que el PP de Matas exigía de forma habitual un tres por ciento en comisiones por cada contrato público que sacaba a concurso y que lo hacía con la connivencia del partido a nivel nacional.

Interrogado entonces en el marco de la causa centrada en la presunta financiación irregular del partido en Baleares, Santos aseguró que el PP llegó a exigir nueve millones de euros a cambio de la adjudicación de las obras de Son Espases. Es más, preguntado en otra ocasión por el fiscal Horrach al respecto, aseveró que Matas le pidió una "cantidad importante" de dinero a Florentino Pérez por la concesión de los trabajos de construcción. De hecho, afirmó que era tal el porcentaje que el delegado del área de Construcción de Dragados en Baleares, Juan Antonio Esteban, le comentó que "estaba asustado".

Florentino niega el amaño

Se trata de unas acusaciones que llevaron a Horrach, cuando las investigaciones aún se encontraban en manos del Ministerio Público, a trasladarse a Madrid para interpelar al propio Florentino sobre el trasfondo de esta cuestión. Fue inquirido en calidad de testigo y, en su comparecencia, el empresario aseguró no haber pagado comisión alguna por la construcción del hospital de referencia de Baleares, llegando a manifestar que dada su trayectoria profesional "nadie que me conozca se atrevería a pedirme dinero".

La declaración está ahora en poder del juez, que una vez interrogue a los numerosos testigos previstos durante los próximos días pondrá las cartas sobre la mesa y decidirá si Florentino, el empresario que se llevó la mayor parte de las adjudicaciones durante el último mandato de Matas, debe explicar ante él cómo sucedió todo.

Declaraciones clave

Otra de las comparecencias clave está fijada para este lunes. Se trata de la exsecretaria de la Mesa de contratación de Son Espases, Pilar Ramos, quien dimitió en pleno proceso de adjudicación. El motivo, según expuso durante la comisión de investigación que durante varios meses se llevó a cabo en el Parlamento balear por la concesión de las obras, radicaba en que en la prensa comenzó a publicarse que OHL iba a ser presumiblemente la empresa ganadora, cuando esto aún no había sido decidido.

Tal y como consta en la querella de la Fiscalía, fue en el momento en que se filtró este hecho cuando Matas ordenó, para dar una apariencia de objetividad y legalidad al proceso, solicitar la opinión del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, que instó a consultar a su vez a varios colegios profesionales. Tras ello, la balanza se inclinó a favor de Dragados, que se llevó el contrato por 635 millones de euros.

Intervención de una consellera

“A mí me ponía muy nerviosa leer en el periódico por la mañana que yo iba a mandar un informe al Consultivo. Me ponía nerviosa el tema público, el que la prensa supiera más que lo que sabía yo, que estaba allí llevando todo el expediente”, relató la exsecretaria ante los diputados presentes en la Comisión. Al ser en ese momento preguntada sobre si fue una decisión política la que paralizó la mesa de contratación, recordó que recibieron una nota de la consellera Aina Castillo en la que se instaba a solicitar informe al órgano de consulta balear. Algo que, aseguró, “no había visto nunca ni lo he vuelto a ver nunca. Pero no sé si es normal”.

A todo ello se suma una circunstancia: el 7 de diciembre de 2006, día en que la mesa de contratación se reunió para proponer la adjudicación a la filial de Florentino Pérez, el vocal Javier Vázquez decidió no firmar el acta del encuentro. Vázquez está citado a declarar este lunes para explicar qué motivo le llevó a abstenerse.