Los responsables de Airbnb se han ofrecido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para colaborar con el ayuntamiento en la lucha contra los alquileres turísticos ilegales. La compañía que se dedica a los alojamientos entre privados ha solicitado formalmente una reunión con el Gobierno de BComú para trabajar conjuntos en la elaboración de “medidas innovadoras” para luchar contra los “malos actores del sector”.

En este sentido, propone desarrollar una regulación para el intercambio de viviendas entre particulares, home sharing.

Regularizar su situación

En el paso que da Airbnb para cerrar el capítulo de desencuentros con el consistorio de la capital catalana también se incluye el ofrecimiento a “facilitar el pago de la tasa turística en nombre de los anfitriones”. La misma concesión que pactó con la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, la semana pasada.

La compañía asegura en una carta que ha remitido al ayuntamiento catalán que apuesta por impulsar una normativa moderna que garantice la actividad y que sea parte de la solución de los “retos” que tiene la ciudad y no un problema. Es decir, colaborar para regularizar su situación.

Registro de pisos

En cuanto al encuentro con Colau, indica que pretende explicar a la alcaldesa de primera mano los “beneficios económicos, sociales y medioambientales que representa Airbnb”. Indica que un estudio propio defiende que el 60% de sus anfitriones utiliza los ingresos obtenidos por compartir sus casas para pagar gastos básicos y que el 53% de ellos depende de esta entrada de capitales para poder costearse la vida.

El Gobierno municipal avisó a principios de agosto a las plataformas de alquiler como Airbnb que deberían facilitarle los datos sobre los pisos turísticos que intermedian que no han sido registrados previamente por la Generalitat. Les avisó de que, en el caso de no compartir la información, serían sancionadas por cada uno de los inmuebles ilegales.

Multas de la Generalitat

Los responsables de la compañía han añadido que aún no les ha llegado el requerimiento formal y señalan que valorarán si comparten los datos una vez reciba la petición oficial.

La compañía ha tenido problemas en Cataluña con la Generalitat, que le ha aplicado varias penalizaciones económicas. El Gobierno de Artur Mas multó con 1.500 euros a Airbnb en septiembre de 2014 por continuar con su actividad y mantener la publicidad de las habitaciones ofrecidas en Barcelona. Dos meses antes, le había aplicado una sanción de 30.000 euros al considerar que su modelo de negocio era ilegal.