El juez del distrito de Columbia (Washington DC, EEUU), Christopher R. Cooper, firmó el pasado 27 de agosto una sentencia divulgada esta semana y con consecuencias en su país de origen y en Andorra. Para los estadounidenses, la resolución cuestiona por primera vez los métodos que valida la Patriot Act, la ley aprobada por George W. Bush en octubre de 2001 tras los atentados de las Torres Gemelas. Esa norma da carta blanca al Estado a usar libremente todo tipo de información que discurre por territorio nacional (incluso la contenida en mensajes o conversaciones telefónicas) en pro de la lucha antiterrorista. En el Principado del pirineo, marca un precedente para que Banca Privada de Andorra (BPA) para cerrar el capítulo más complicado de su historia.
El origen del texto legal, al que ha tenido acceso Crónica Global, se encuentra en el anuncio de un departamento dependiente del Tesoro (FinCen) de excluir del sistema financiero internacional y prohibirle operar en dólares estadounidenses desde el 28 de agosto al banco de Tanzania que opera principalmente en Chipre FBME Bank. La entidad fue fundada en 1952 en Líbano y transformada en 1982 en el Federal Bank of the Middle East.
La misma sanción que BPA
Se trata de la misma sanción que aplicó el pasado marzo al banco andorrano BPA y que propició su intervención y el concurso de su principal participada, Banco Madrid. Con una diferencia sustancial: los casos que acechan a la entidad de Tanzania, cuyo principal holding se encuentra en las Islas Caimán, son más graves que las supuestas irregularidades que el FinCen detectó en Andorra.
Entre otros, el Tesoro estadounidense afirmó tener constancia de que FBME lavó dinero del narcotráfic; detectó que uno de sus clientes destacados era el director de una empresa de Siria sancionada por fabricar armas de destrucción masiva; facilitaba operaciones offshore; era uno de los bancos de la rama libanesa de Hezbollah e incluso facilitaba transacciones para el presidente corrupto de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, entre otros.
Le acusa de facilitar el lavado de capitales, el crimen organizado transnacional, financiar a terroristas, propiciar que se evadieran sanciones y “otras actividades ilícitas según el sistema financiero de EEUU”.
Vulneración de derechos
El problema, según la resolución del magistrado, es que FinCen decidió excluir a la entidad del sistema financiero de una forma que vulneraba sus derechos. FBME alegó ante el juez que el organismo del Tesoro actuó de forma “arbitraria y caprichosa” porque “nunca le escuchó” ni le ofreció la oportunidad de justificar las transacciones supuestamente corruptas porque nunca ha conocido buena parte de la información que usó para adoptar tal decisión.
También se quejó de que el anuncio de la sanción le “podría privar de forma permanente” de sus activos en Commerzbank, la entidad alemana donde tiene depositados más de 117,4 millones de euros al cambio.
Documentación protegida
La resolución sanciona al FinCen por usar documentos protegidos y clasificados para tomar su decisión y “no tener en cuenta los factores legales o las explicaciones de porqué FBME lavaba dinero”. También considera que “impuso una sanción excesiva y desproporcionada” sin considerar otras sanciones menos lesivas para los intereses de la entidad.
El juez Cooper también da un toque a FinCen al dictaminar que no son tan “obvias” las alternativas que propone, como monitorizar de forma exhaustiva la actividad de la entidad antes de echarla del sistema financiero.