El Gobierno de Andorra, incapaz de cerrar un pacto con los trabajadores de BPA

El Gobierno de Andorra no ha sido capaz de resolver en el tiempo previsto la parte supuestamente más sencilla de la liquidación de Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad financiera intervenida el pasado 10 de marzo. El capítulo laboral sigue abierto tras la negativa de los trabajadores de la entidad a dar el visto bueno a la propuesta de acuerdo alcanzada entre la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y los representantes legales de la plantilla, el bufete Pujadas.

La votación debería haber tenido lugar el pasado viernes, pero los empleados decidieron pararla hasta que se certifique la inexistencia de cláusulas abusivas en la propuesta, indican fuentes de la plantilla. Sus letrados han reconocido que el texto aún no estaba cerrado del todo y que preferían ganar más tiempo para acabar de trabajar la iniciativa.

Nueva negociación

Las partes indican que el proceso se reiniciará con calma. La negociación se puede prolongar durante “semanas”. Por el momento esperan que termine el periodo vacacional para reiniciar el contacto entre el bufete Pujadas y los representantes del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas. Cuando alcancen la segunda propuesta de acuerdo más concreta y definida deberán someterla a una nueva votación.

La AREB manifestó que sólo validará el acuerdo laboral si obtiene el apoyo mayoritario de los trabajadores. Si no se sale con la suya, cambiará la estrategia para cerrar el capítulo laboral. Negociará con cada uno de los empleados a título individual las condiciones de salida de BPA o bien las incorporaciones al banco de transición al que se pretenden migrar los activos sanos: Vall Banc.

Dilación del proceso

Este proceso aún genera mayores incertidumbres entre los trabajadores. Los que han podido encontrar una alternativa laboral han decidido abandonar BPA y renunciar a la indemnización por la dilación del proceso.

Las condiciones del despido colectivo se debían haber pactado a principios de mes, pero la falta de acuerdo en puntos como la fiscalidad aplicada, el futuro de los planes de pensiones y seguros médicos de la plantilla o mantener las condiciones crediticias de los empleados (disfrutaban de ciertas ventajas) han aplazado su resolución. Por el momento, sine die.