El Gobierno ha invitado a los grupos parlamentarios a debatir en el seno del Pacto de Toledo la posibilidad de separar las pensiones de viudedad y de orfandad --unos 20.000 millones de euros anuales-- de la Seguridad Social para que sea el Estado quien pase a pagarlas a través de los Presupuestos Generales.
El objetivo es acabar con el déficit que arrastra cada año la Seguridad Social y facilitar que éste se reduzca y pase de representar el 1,6% del PIB al 0,6%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha dicho que considera muy probable que el desfase supere ese objetivo porque no se están cumpliendo las expectativas de que los ingresos del sistema mejoren.
Las razones de una caída
Unas bases de cotización inferiores por el crecimiento del empleo precario con salarios más bajos y la introducción de tarifas planas para autónomos y para fomentar la contratación indefinida han frenado el aumento de los ingresos de la Seguridad Social pese a la creación de puestos de trabajo de los últimos meses.
La crisis económica precipitó los desequilibrios en las cuentas de la Seguridad Social por la caída de casi tres millones del número de cotizantes --de los que se han recuperado apenas un 35%--, a lo que se suma el reto demográfico de una población cada vez más envejecida.
Habrá que recurrir de nuevo al fondo de reserva
El Gobierno prevé extraer en 2016 de la denominada hucha de las pensiones 6.283 millones de euros, después de haber utilizado desde 2012 un total de 33.951 millones de este fondo de reserva que se utiliza para afrontar pagos del deficitario sistema de pensiones.
Para reducir las tensiones actuales, el Gobierno quiere buscar otras vías de financiación para los dos tipos de pensiones citados. El encargado de lanzar el globo sonda ha sido Tomás Burgos, secretario de Estado para la Seguridad Social, durante su comparecencia parlamentaria de esta mañana destinada a defender los presupuestos de 2016.
Se trataría, dijo, de seguir avanzando en la "separación de fuentes" de financiación que ya ha llevado a pagar con impuestos la sanidad pública, los servicios sociales, las prestaciones familiares, las pensiones no contributivas y el complemento a mínimos para las pensiones más bajas. Ahora, el Estado ya aporta más de 13.000 millones a la financiación de las prestaciones no contributivas.