¿Debe tener Barcelona una servicio de bus turístico? ¿Y dos? El Gobierno municipal de Ada Colau, dispuesto a darle la vuelta al sector del turismo en la ciudad, ha abierto el debate y su futuro es poco halagüeño. Así lo indican fuentes del operador público gestionado por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Turisme de Barcelona. Dan por sentado que el Ejecutivo de BComú reducirá a la “mínima expresión” el servicio a corto plazo y dejan la puerta abierta a su final más allá de la temporada de verano.

Las cifras de usuarios respaldarían la propuesta de la alcaldesa. El vicepresidente de transportes y movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Povea, manifestó el pasado miércoles que el bus turístico público había perdido 136.000 viajeros (el 5,4%) en el primer trimestre y con el número de turistas en la ciudad en niveles máximos. La tendencia no ha cambiado en verano, añaden los mismos interlocutores.

El operador privado, Barcelona City Tours (explotado por una joint venture (empresa conjunta) entre Grupo Julià y Moventia, grupo de la familia Martí), no consigue mejores resultados. En su caso, la caída se modera hasta el 3%.

Requisitos de información

A la cifra baja de usuarios se le suma los movimientos del Ejecutivo de BComú. Fuentes internas de TMB indican que el equipo de la regidora de Movilidad, Mercedes Vidal (pieza clave del círculo de poder de Colau), ha realizado peticiones de información de todo tipo tanto del servicio oficial como del privado.

“Análisis y cuestiones” de índole muy diversa que han protagonizado las pocas reuniones que los equipos directivos han mantenido desde que BComú desembarcó en Plaza Sant Jaume.

Concesión privada a punto de vencer

La continuidad del operador público depende exclusivamente de la decisión municipal y la concesión privada se debe revisar en breve. Al ser una licitación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Colau, como presidenta de la institución, deberá de convencer al resto de representantes municipales de las ventajas que supone prescindir del servicio.

La institución supramunicipal otorgó la concesión a Barcelona City Tours durante siete años en 2008 tras una larga batalla municipal iniciada por el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio, liderado en ese momento por el PSC, denunció por competencia desleal a Grupo Julià por haber iniciado un servicio paralelo al público en 2001 sin autorización. Los tribunales le dieron la razón y se puso en marcha un concurso público pilotado por la AMB.

Grupo Julià, Moventia y Marsans, adjudicatarios originales

Finalmente, Julià consiguió la licitación de la mano de Moventia, la compañía presidida por el empresario nacionalista Miquel Martí Escursell (vicepresidente del lobby catalanista FemCat), y Trapsa. Esta última compañía se apeó de facto de la joint venture al estar en la órbita de Viajes Marsans, el quebrado grupo turístico del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

La sociedad es una de las que aparecen en la causa tutelada por la Audiencia Nacional por el fraude del concurso de acreedores del grupo turístico, en el que se probó que el objetivo final era proteger el patrimonio de Díaz Ferrán. Todos los activos de Marsans pasaron en 2010 a manos del fondo buitre Posibilitum, controlado por el empresario Ángel de Cabo, el mismo que compró los restos de Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos.

Historia con final en prisión

El ejecutivo acabó en la cárcel junto al ex presidente de la CEOE en diciembre de 2012 acusado por la Audiencia Nacional de un presunto delito de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal en el proceso de adquisición del grupo turístico. Los implicados firmaron un acuerdo de conformidad con las acusaciones del caso Marsans hace un mes en el que Díaz Ferrán aceptaba una condena de cinco años y medio de prisión y De Cabo otros cinco.