El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de dar marcha atrás en una de sus medidas más polémicas: las tasas judiciales. Es más, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este sábado que incluso plantea incrementarlas a las personas jurídicas para que el impuesto se adecue en lo más posible a “su concepto natural, que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente”.

El ministro indica que la subida de tasas se deberá debatir en la próxima legislatura. Así, hace oídos sordos a las quejas de que el peaje sólo propicia que las pymes o entidades sin ánimo de lucro puedan defender sus derechos en los tribunales por una cuestión económico.

La justicia, como una piscina municipal

“A nadie se le ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pasan los que las usan”, indica el titular de Justicia en una entrevista a Europa Press. “Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los no usan las piscinas, por citar dos ejemplos coloquiales”.

El PP, a escasos meses de las elecciones generales, se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% las causas que se dirimen en los tribunales “más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos”, en palabras de Catalá.

Litigios muy costosos

El ministro señala que los litigios entre empresas son muy costosos por los volúmenes económicos que debaten. “Por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas”, añade. Cuestión diferente, según el ministro, es que se puedan discutir otros aspectos como el concepto de la temeridad por ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran.

Rajoy apostó en el inicio de la legislatura, cuando Alberto Ruíz-Gallardón ocupaba el ministerio de Justicia, por aplicar un impuesto universal por el uso de la justicia. Ante un alud de demandas y protestas ciudadanas, reconoció que dificultaban la justicia universal y rectificó.

Anuló el pasado febrero, con Catalá ya en el ministerio, las tasas para las personas físicas aunque mantuvo el peaje para cualquier persona jurídica, independientemente de su tamaño o capacidad económica.