Clientes y trabajadores de Banca Privada d’Andorra (BPA) han mostrado públicamente su rechazo a la forma en que los administradores públicos de la entidad la están gestionando. Los pequeños ahorradores han amenazado a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) advirtiendo de que sus quejas y movilizaciones irán a más si no se sientan con ellos y empiezan a negociar las condiciones de las cuentas que tienen congeladas desde el pasado marzo, cuando el Gobierno del Principado decidió intervenir la entidad.

El movimiento de capitales en el seno de BPA lleva restringido desde hace cuatro meses para evitar una fuga de fondos masiva que complique más la situación jurídica de BPA, aunque lo que ha colmado la paciencia de los clientes ha sido un recibo girado este julio: la comisión por el mantenimiento de sus cuentas. Los ahorradores aseguran que el cobro es inmoral y que no tiene ningún sentido. Ya han salido a las calles del Principado para exigir el encuentro con la cúpula de la AREB y piensan incrementar el tono de la protesta.

Calendario poco claro

Por el momento, los directivos de la agencia no han contestado a la petición. El interventor indica que la liquidación de BPA está planificada y que los activos sanos, como los ahorros, pasarán a la nueva entidad Vall Banc cuando empiece a operar.

Lo que inquieta a los clientes es que el calendario para el trasvase del negocio aún no está claro. Los anteriores dueños de la entidad, la familia Cierco, han denunciado su liquidación e intentan pararla ante los tribunales. El análisis de todos los activos de la entidad aún no ha concluido. Por el momento, además, no se han detectado los negocios supuestamente ilícitos que propiciaron la intervención tras un aviso internacional del Tesoro de Estados Unidos.

Falta de definición del despido de la plantilla

El futuro de la plantilla de la entidad andorrana también está en el aire. Sus representantes legales, el Bufet Pujadas del Principado, está en negociaciones con la AREB para conocer los planes de la reestructuración del grupo.

Los empleados tienen pendiente conocer cuántos serán asumidos por Vall Banc, cuántos serán despedidos y las condiciones de las salidas. El plan social en Andorra contempla aspectos como la cobertura sanitaria que les quedará para los ex trabajadores de BPA o las indemnizaciones complementarias.

Solución a finales de agosto

Los trabajadores indican que la propuesta de la AREB les tiene que llegar “en horas” y que cuando la tengan deben valorarla y someterla a votación de toda la plantilla. Este proceso se puede demorar por las vacaciones de verano de los representantes legales. Se prevé que la solución laboral se concrete en la última semana de agosto, según fuentes del Principado.

A lo largo del proceso, unos 15 empleados del banco han causado baja voluntaria. La mayoría han empezado a trabajar en otras entidades de Andorra.