El consejero de Empresa catalán, Felip Puig, termina la legislatura con una carta de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO sobre su mesa en la que alerta de los problemas laborales en la Dirección General de Turismo.
El sindicato denuncia que la plantilla le ha informado de una “listado de malas prácticas” ejercidas por dos altos cargos designados por la consejería. Carga contra la subdirectora de programación, Carme Rubió, y la jefa del área de conocimiento y estrategia, Montserrat Solé. Asegura que ambas “han puesto en riesgo la seguridad y salud” los trabajadores.
Amotinamiento de los trabajadores hace un año
Los hechos denunciados se remontan a agosto de 2014, cuando se denunció un presunto amotinamiento de los trabajadores de la subdirección de Turismo. En ese momento intervinieron todos los responsables del ámbito (altos cargos de Turismo y los encargados de recursos humanos de la consejería) y se pactó solicitar un estudio a la empresa ICESE Prevenció que avaluara la situación real de la plantilla.
Esta compañía está especializada, entre otras cosas, en “evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores correspondientes a la disciplina de ergonomía y psicología”.
Conclusiones del estudio externo
CCOO indica a Puig que las conclusiones del documento se solicitaron en múltiples ocasiones y que siempre se negó el acceso a la información. De hecho, asegura que la cúpula del departamento incluso les comunicó que no existía tal informe.
Según el relato del sindicato, la dirección del organismo público señaló en ese momento que la problemática que aquejaba a los trabajadores de Turismo era un “problema organizativo” y que procedían a reestructurar la subdirección. En la práctica, esta reorganización del empleo ha terminado con el traslado de una sola funcionaria.
Denuncia ante Inspección de Trabajo
Los representantes de los trabajadores han llevado el caso ante Inspección de Trabajo, además de denunciar los hechos al consejero. Afirman que tienen constancia de que en el estudio se reconocía el problema de salud laboral y concluía que Ribó y Solé tenían un “problema de liderazgo personal y profesional”.
Indican que tuvieron acceso al informe técnico “por vías ajenas al departamento”. “El departamento reconoció entonces verbalmente que existía un documento técnico realizado por ICESE y que entregaría una copia”, señala.
Conclusiones del estudio
La evaluación externa, a la que ha tenido acceso CG, concluye que, en una valoración inicial, la plantilla de la subdirección general de Turismo está expuesta a varios riesgos laborales psicosociales “entre los que destacan: sobrecarga, conflicto de rol, confusión de rol, comunicación verbal disfuncional y relaciones interpersonales negativas”.
Además, afirma que existe una “marcada polarización de imágenes negativas mutuas entre la plantilla y la responsable directiva (variable según los individuos)” que propician el escenario ideal para la “eclosión de un conflicto psicosocial potencialmente serio a medio plazo”.
Evaluación de los hechos denunciados
El famoso informe se llevó finalmente el 29 de julio a Inspección de Trabajo, en el primer encuentro que se mantuvo para abordar la problemática. El tribunal laboral determinó que se debían avaluar los riesgos psicosociales que supuestamente se viven en el departamento y requirió a las dos denunciadas que realizaran un “curso para mejorar las capacidades de liderazgo”.
Fuentes de la consejería indican que Puig ya ha tomado cartas en el asunto y se están avaluando los hechos denunciados.
Denuncia sin recorrido por el 27S
El sindicato exige que se determine también si los hechos ocurridos “son tipificados”, si se ha “faltado al respeto” o dado “órdenes ilegales de servicio” por parte de la cúpula de la subdirección de turismo y reclama que se “cese de forma inmediata” al director de servicios de la consejería, Antoni Mundó, a quien acusan de mentir respecto a la existencia del informe técnico de ICESE que señalaba las faltas en el organismo.
La convocatoria de elecciones del 27S y el periodo vacacional dificultan que estas reclamaciones sean atendidas. Será el próximo Ejecutivo catalán el que deberá resolver sobre el conflicto laboral en el caso que decida mantener la cúpula de la dirección general de Turismo.