No existían precedentes, pero ha sucedido: el estado libre de Puerto Rico (asociado a EEUU) ha declarado en las últimas horas su situación de bancarrota al no poder hacer frente a los pagos comprometidos. Este lunes debía hacer frente a un pago de 58 millones de dólares y sólo pudo pagar 628.000 a los acreedores de la Corporación para la Financiación Pública (CFP).

El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, definió la situación con un metafórico: “Puerto Rico ha entrado en una espiral mortal”. El estado se encuentra con una deuda acumulada de 78.000 millones de dólares que no puede afrontar.

Garantizar los servicios esenciales

La decisión de no afrontar el pago se ha realizado bajo la argumentación de que los fondos disponibles deberían garantizar los servicios esenciales que se presta a la ciudadanía, tal  y como ha señalado en un comunicado Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento.
A diferencia de EEUU, que tiene una tasa de desempleo de un 6%, en Puerto Rico la situación es diferente y el paro alcanza al 12% de la población en edad de trabajar. Los gobernantes de la isla señalaron ayer que intentarán renegociar con los acreedores la situación mientras preparan un plan de ajuste fiscal y económico con el cual hacer frente a una mejora de la economía local.