La Guardia Civil ha desmontado una trama organizada en la Región de Murcia que trabajaba para cobrar de forma fraudulenta prestaciones de desempleo y ayudas familiares. La operación Tributo ha propiciado 130 detenciones a las que se le imputan los delitos contra la seguridad social, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Entre los arrestados se encuentra el cabecilla de la operación, un español de 38 años vecino de Torre Pacheco (Murcia), que cuenta con numerosos antecedentes por delitos de estafa. Operaba de forma estrecha con otros dos colaboradores vecinos también de la localidad para realizar todas las gestiones fraudulentas a través de una asesoría laboral.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier (Murcia).

Red de familiares

La investigación de los agentes ha determinado que la mayoría de detenidos mantienen relaciones familiares, de amistad o vecindad. Sólo pagaban 100 euros a la presunta red mafiosa para obtener una pensión, del tipo que fuera. La actividad fraudulenta se daba a conocer mediante el boca-oreja.

El cabecilla había constituido empresa legalmente y otra ficticia para formalizar los contratos irregulares, indica la Guardia Civil en un comunicado. La primera mercantil, que supuestamente aparentaba actividad, se dedicaba al comercio al por mayor de frutas y verduras, para lo que disponía de un centro de trabajo y, además, contaba con una cartera de clientes y proveedores. La segunda sociedad carecía de sede social, clientes o proveedores. La investigación indica que se usaba como pantalla para la práctica de actividades ilícitas.

El gestor de la segunda empresa era una persona vinculada al primer investigado que actuaba a modo de testaferro.

Contratos laborales fraudulentos a particulares

Los agentes señalan que, al investigar esta compañía fantasma, dieron con el entramado en el que se facilitaba, previo pago de los 100 euros, contratos laborales a particulares con la finalidad de que éstos obtuvieran las correspondientes prestaciones económicas derivadas de tal actividad laboral inexistente.

El precio de la tramitación irregular de estos contratos se elevaba dependiendo de las necesidades de cotización que los particulares requerían para alcanzar sus pretensiones. Posteriormente, la Guardia Civil descubrió que dichas empresas acumulaban más de 400.000 euros de deuda por el impago de impuestos.

Beneficiarios residentes a distintas provincias

Los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia han propiciado la identificación de residentes en varias provincias que se beneficiaban de ayudas estatales obtenidas de forma irregular a través de las empresas investigadas.

En la Región de Murcia han sido detenidas 116 personas de nacionalidad española en las localidades de Cartagena (26), Águilas (24), San Javier (21), Torre Pacheco (19), San Pedro de Pinatar (13), Fuente Álamo (8), Los Alcázares (2), Bullas (1), Molina de Segura (1) y Mazarrón (1).

En la provincia de Alicante han sido detenidas cinco personas, tres en Ciudad Real, una en Córdoba, una en Almería, una en Albacete, una en Valencia, una en A Coruña y una en Madrid.