La consejería de Economía, liderada por Andreu Mas-Colell, terminará la legislatura en Cataluña con una oferta sobre la mesa para construir la futura ciudad de los funcionarios en la Zona Franca de Barcelona, un polígono industrial a las afueras de la ciudad. La ejecución de este proyecto es la última consecuencia del plan de venta de patrimonio público para hacer caja. El proceso sólo ha despertado el interés de la compañía Zumaran Inversiones.

La compañía tiene la sede en el Paseo de la Castellana de Madrid y se constituyó en marzo de 2013. Consta de un capital social de 2,2 millones de euros y la cúpula está conformada por tres administradores mancomunados, según el Registro Mercantil.

Amal Azuagh, el comprador

Se trata del ejecutivo Amal Azuagh Belkadi, un empresario que también consta en la cúpula de las sociedades Olaen Business, Onlyou Inversiones 2011 y Riglos Business. Su aparición en la transacción ha despertado nuevos recelos sobre la presunta conexión de la venta de patrimonio público y el empresariado de Israel, denunciada a principios de mes por ICV en el Parlament.

Los otros dos administradores que aparecen en la inscripción registral tienen un perfil de asesores de la operación. Se trata de Auxadi Contables & Consultores y del ejecutivo Germán Fernández-Montenegro, colaborador del grupo de servicios de outsorcing en otros de los proyectos que ha llevado la firma.

563.500 euros para la construcción

Zumaran Inversiones ha ofrecido destinar 563.500 euros en la construcción de un edificio de 46.000 metros cuadrados que podría albergar hasta 2.500 funcionarios de la Generalitat. La consejería indica en su comunicado que a esta superficie “se le deben sumar otros 3.600 metros cuadrados destinados a archivo, almacenaje e instalaciones, además de 8.700 metros cuadrados de plazas de aparcamiento”.

Los servicios de la Generalitat estarán en régimen de alquiler en el futuro inmueble durante unos 20 años. El Gobierno no ha manifestado cuánto pagará por el arrendamiento, se ha limitado a indicar que la reubicación “comportará un ahorro en renta durante la duración del contrato de unos 20 millones de euros” además de una “reducción de más de un 30% de gastos en servicios y suministros asociados a los inmuebles”.

Traslado de los funcionarios

Los primeros que se trasladarán al futuro edificio serán los funcionarios de la Agencia Tributaria, que aún están en la calle Fontanella de Barcelona, en el centro de la ciudad. El inmueble se vendió en 2013 por 24,9 millones de euros. El Gobierno de Artur Mas también vendió otros 13 inmuebles del centro de la capital catalana ese mismo ejercicio por 172 millones. Los beneficios de 196,9 millones no son limpios, ya que de allí se debe restar el coste de los préstamos asociados que se debían cancelar antes de la transacción.

Este ejercicio propició el desembolso de 160 millones de los 311 recaudados el año pasado al desprenderse de 20 edificios públicos. Al final, la Generalitat sólo ingresó 107 millones por la venta de inmuebles como la antigua sede de los juzgados, situada entre los números 8 y 10 de Via Laietana, y un anexo a la histórica prisión de la Modelo. En ese ejercicio se traspasaron tres edificios de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona, liderado aún por Xavier Trias (CiU), para cancelar una deuda de 44,36 millones contraída con la ciudad.

Venta de 36 inmuebles

Al final, la Generalitat se ha desprendido de 36 inmuebles desde 2012. La última transacción se firmó en el pasado 19 de mayo. Su comprador fue un empresario israelí: Morri Benisthy Moshe. Su sociedad, Nadlan, compró por 41,5 millones la sede del departamento de Empresa y Ocupación, la histórica Torre Muñoz, situada en el cruce de Paseo de Gràcia y avenida Diagonal.

Las operación fue muy criticada. El edificio, que tiene al frente la torre Deutsche Bank, se colocó en el mercado por 90 millones.