Banco Madrid alertó a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de 18 operaciones que gestionaba la entidad y en las que detectó la posibilidad que estas tuvieran como finalidad blanquear capitales entre 2012 y 2015. Las notificaciones al organismo dependiente del Ministerio de Economía son previas a su intervención por el Banco de España. El organismo regulador español decidió actuar por la alerta del Tesoro de EEUU de que su accionista único, Banca Privada d’Andorra (BPA), había facilitado intencionadamente transacciones con capitales relacionadas con organizaciones criminales internacionales e imposibilitara a la entidad del Principado y a sus filiales operar con dólares o con cuentas financieras radicadas en ese país y propiciara su caída, el denominado caso BPA que tutela la justicia de ese país.

Por su parte, Sepblac hizo otros 10 requerimientos de información de operaciones intermediadas por Banco de Madrid en ese mismo período ante los indicios de blanqueo, elevando el número final de transacciones que fueron fiscalizadas a 28.

Informe provisional de la administración concursal

Así consta en el informe provisional que la administración concursal de Banco de Madrid --Legal y Económico Administradores Concursales, Data Concursal y la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT)-- presentó este lunes ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de la capital.

Las comunicaciones voluntarias de los gestores de Banco Madrid se justifican por múltiples causas. Algunos clientes provocaron recelos en los banqueros porque muchas de las transacciones se gestionaban desde la página web y, al analizar los contratos asociados, se detectaron “defectos significativos o posible simulación”, otros, abrían cuentas en la entidad “con el único propósito de normalizar una situación tributaria irregular”.

También se denunciaron nombres que aparecieron en las denominadas listas negras del regulador español; la dirección del banco alertó del “comportamiento y actitud de los clientes, mostrándose reacios a aportar documentación o a detallar el origen y destino de las transferencias de fondos”; se decidió aportar voluntariamente toda la información financiera de usuarios que estaban siendo investigados por presunta comisión de un delito de blanqueo o, directamente, se informó a Sepblac ante la actitud de un gestor, que se “negó o resistió” a facilitar “información sobre la titularidad real del cliente”, entre otras causas.

Ley de protección de datos

La administración concursal no tiene constancia de ningún indicio de que Banco Madrid cometiera alguna falta. De hecho, en el documento que tiene el juez indica que los auditores sólo detectaron un fallo en las cuentas de la entidad. Fue en 2012, cuando KPMG alertó de que no cumplía con la nueva normativa de protección de datos de los clientes y que ello podría comportar “una infracción grave, sancionada con multas de 40.000 a 300.000 euros”.

La cúpula de la entidad inició las “negociaciones y gestiones necesarias” para mejorar el manual de seguridad y cumplir con la lista de recomendaciones del auditor. “Una vez intervenida, no se continuaron dichos trabajos”, señala la administración concursal.

Banco Madrid tampoco fallaba en el nivel de capitalización ni siquiera en la valoración de la calidad de sus activos. “Se cumplen todos los límites establecidos en la política de riesgos de crédito”, indica el informe provisional.

42,7 millones de superávit

La entidad es incluso solvente patrimonialmente después de descontar todas sus obligaciones con los 15.686 acreedores del concurso. El total del activo asciende a los 808,2 millones, de los que 416,4 han sido tipificados como créditos concursales (se abonan según las garantías individuales); 2,2 millones son créditos contra la masa (los primeros que se pagan); y otros 346,8 millones tienen derecho de separación.

La administración concursal reconoce que Banco Madrid cuenta con un superávit patrimonial de 42,7 millones de euros.

Ruego de BPA

La liquidación del banco se argumenta exclusivamente por los problemas derivados de la intervención de su matriz y la imposibilidad de operar con dólares y relacionarse con entidades de EEUU. De aquí parte la discrepancia entre la administración concursal y los nuevos gestores de BPA (autoridades andorranas). Los primeros defienden que el desarme de la entidad es la mejor salida posible y los segundos han pedido ante el juez que se pare el proceso y se analice la venta directa a un tercero, una opción más favorable por sus intereses por obtener mayores recursos con la enajenación.

Los tribunales aún deben tomar una decisión al respecto. Mientras, el concurso de acreedores sigue su curso.