La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado una sanción de 15,5 millones de euros a Telefónica y la nueva Canal , Distribuidora de Televisión Digital (DTS), por su pacto en la compra, reventa y explotación de los derechos audiovisuales de fútbol.

La sanción afecta las temporadas 2012/13, la 2013/14 y la 2014/15. Canal deberá pagar 5,5 millones por el pacto y el gigante de las telecomunicaciones presidido por César Alierta otros 10. El anuncio llega el mismo día en que el superregulador ha alertado que incoa expediente sancionador al grupo por la dejadez en la red de cobre que alquila a terceros.

Información privilegiada

En el caso de los derechos de fútbol, el organismo liderado por José María Marín Quemada señala que se ha infringido el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE. O, lo que es lo mismo, que Telefónica disponía de información privilegiada al presentar la oferta más competitiva para alcanzar un pacto con Canal en su condición de accionista minoritario de la compañía.

La teleco pudo “evaluar la adquisición de unos activos estratégicos muy costosos y planificar su estrategia comercial”. Todo ello le permitió “evaluar las condiciones de rentabilidad y de riesgo de los mismos”.

Oferta a medida

La CNMC considera acreditado que DTS diseñó unas condiciones para la subasta de “a la medida”. Este comportamiento reforzó de “forma indirecta la posición de Telefónica en el ámbito de las telecomunicaciones”.

Cabe recordar que el grupo de telecomunicaciones adquirió el control exclusivo de DTS en 2015 mediante la compra del 56% del capital social que aún no controlaba.

El superregulador señala en su resolución que autorizó la operación “con compromisos”. Entre ellos, la puesta a disposición de sus competidores el 100% de sus canales Premium, entre los que se encuentra la oferta deportiva.

Recurso ante la Audiencia Nacional

Contra la sanción anunciada no cabe recurso vía administrativa. Telefónica ha anunciado que recurrirá a la Audiencia Nacional para dejar sin efecto el auto. Los 10 millones de multa son testimoniales, no representa ni el 10% de la facturación del grupo en 2014, tal y como recuerda la CNMC en el escrito de la sanción. El objetivo del grupo es evitar crear un precedente en ese tipo de actuaciones.

El primer paso que darán será reclamar que se paralice la sanción como medida cautelar para proseguir después con la reclamación administrativa para anularla. El periplo judicial puede terminar en el Tribunal Supremo.