Los Sumarroca intentan lavar su imagen tras el golpe a Teyco. El clan ha emitido un comunicado en el que reconoce los contratos que la justicia investiga y asegura que todos son “legales y transparentes” y que la constructora cuenta con toda la documentación necesaria para defender su pulcritud.

Asimismo, asegura que la operación Petrum fue “desproporcionada” y que “ha tenido una enorme repercusión pública que daña gravemente la reputación de la empresa y de la familia Sumarroca”. Los afectados denuncian que se “cuestiona su presunción de inocencia” y que la mácula de la corrupción se ha extendido “a todas las personas que trabajan en empresas vinculadas a la familia y que nada tienen que ver con esta investigación”.

Contratos limitados de la Generalitat

“Con esta declaración, Teyco quiere responder con contundencia a las acusaciones que la sitúan en el radio de una hipotética trama de corrupción, de la que ni tiene conocimiento ni ha formado parte”, reza el escrito publicado.

Asimismo, remarca la relación comercial de Teyco con la Generalitat es muy limitada. Los contratos “no superan el 10% del global de su facturación (55% obra pública y 45% privada)” y justifican que el resto de los ingresos viene de contrataciones con ayuntamientos “de todo signo posible”. Precisamente, la operación Petrum se basa en una licitación pública municipal.

Contratos en el sector de la hostelería

Los Sumarroca admiten que trabajaron con el ex alcalde de Torredembarra (Tarragona), Daniel Massagué --detenido también el jueves junto al presidente de Teyco, Jordi Sumarroca, su tío Joaquim, su prima Susana y el gestor Marià Judez-- entre 2010 y 2011 y se realizaron en el “ámbito privado”.

La familia indica que trabajó con la empresa de el ex edil de CDC “dedicada a la producción industrial de pan y servicio de catering para empresas (MAES)” y la filial del grupo dedicada a la gestión hotelera, Teycotel Gestió.

Relación tras recibir la licitación de un aparcamiento

Esta relación comercial es posterior a la construcción del parking público del municipio, cerrado por el poco uso y los problemas estructurales que presenta. La licitación tuvo lugar en 2009 y fue la última que rubricaron los Sumarroca y el Ayuntamiento de Torredembarra.

Esto sirve para justificar que nunca ha existido “ni un intercambio de favores ni ningún tipo de comisión”, según la declaración pública.

En cuanto al incremento del 30% del coste final del proyecto, el clan asegura que es un “desvío en los presupuestos a causa de partidas que no aparecían en el proyecto inicial” y a las “variaciones de las mediciones”. No hace ninguna referencia a los problemas finales del proyecto.