La familia Cierco da el disparo de salida a su batalla legal contra el Gobierno de Andorra por el papel que ha ejercido en la gestión de la crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA). Los propietarios del 75% de la entidad han anunciado en un comunicado que reclamarán al Estado “daños y perjuicios económicos --que están en proceso de valoración-- que le están causando la expropiación indiscriminada y unilateral” del banco.

El Ejecutivo andorrano, encabezado por Antoni Martí, intervino la entidad en marzo y la puso bajo la tutela de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB). Ha sido la última decisión de esta institución, la creación de Vall Banc, la que ha propiciado el inicio de la vía judicial. Los Cierco consideran que estas acciones, derivadas de la constitución de Vall Banc, “confirman la expropiación injustificada de los activos de la entidad bancaria, suponiendo cuantiosos daños para los accionistas de la sociedad”.

Nuevo banco sin activos ni pasivos

La denuncia hace referencia al “expolio sin justificar” de los activos de BPA por parte de la AREB “con el amparo de una ley que comporta numerosos artículos con claros indicios de inconstitucionalidad. Asimismo, señala que Vall Banc nace para ejercer la actividad que indica su nombre pero sin activos ni pasivos, le deben ser traspasados del grupo intervenido.

El documento afirman que estos acuerdos “producen un daño directo a los accionistas de BPA que se ven desposeídos de sus bienes y derechos sin que la AREB se plantee en ningún momento la necesidad de justa indemnización que señala el artículo 27.2 de la Constitución”. Plantean solicitar la responsabilidad administrativa tanto a esta institución como el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).

Puerta abierta a otras causas

Los dueños andorranos de BPA aseguran que su prioridad es la “vía del diálogo” con la Administración del Principado para alcanzar una “solución pactada”. No han alcanzado este objetivo en los últimos tres meses y no será la vía en la que derive este conflicto.

Los Cierco avisan de que la reclamación de la sanción económica es la primera denuncia sobre la intervención y posterior liquidación de BPA. Dejan la puerta abierta a iniciar otras causas judiciales para reclamar sus derechos como propietarios de la entidad.