El puerto de Barcelona ha decidido poner punto y final a la aventura que mantenía con Saba para gestionar parques logísticos. Ambas compañías crearon en 2011 Consorci de Parc Logístics (CPL) con el objetivo de atraer a inversores internacionales para que operaran en Cataluña. El objetivo no se ha alcanzado y la institución pública capitaneada por Sitxe Cambra ha cedido a la compañía presidida por Salvador Alemany su participación en la firma, que era del 20%.
La operación societaria se ha saldado con una reducción del capital social de CPL de 21,6 millones de euros que ha dejado los fondos propios de la sociedad en 68,8 millones. También se ha reorganizado la cúpula. El consejero delegado de Saba, Josep Martínez Vila, es ahora el administrador único de la gestora de parques logísticos.
Consejo de administración saliente
Han salido del consejo de administración los tres representantes que la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). Dos que nombró en 2011, Joaquín Asensio y el propio Cambra, que ejercía de presidente de CPL, y el director de servicios jurídicos de la institución, Fèlix Navarro de Pablo, que se incorporó más tarde en el máximo órgano directivo de la sociedad.
Saba nombró a otros cinco representantes que también han dejado formalmente CPL. Alemany, que ejercía hasta la fecha de vicepresidente; Martínez Vila, su actual responsable único; el ex director general del grupo, Joan Font Alegret; la directora de la asesoría jurídica, Carlota Masdeu; y el ex consejero de finanzas de la Generalitat con Jordi Pujol y ex directivo de Abertis, Francesc Homs Ferret.
Reestructuración de Cilsa
CPL es formalmente desde este julio una sociedad instrumental de Saba. Su única función es aglutinar las acciones en la empresa Cilsa, la verdadera joya de la corona en gestión de parques logísticos del grupo. Gestiona la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) adyacente al puerto de Barcelona.
El capital de Cilsa también se ha reestructurado. La APB es ahora el socio mayoritario con el 63%, Saba controla otro 32% y el 5% restante está en manos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento.
Compra de activos en la zona franca
La actividad de Cilsa es intensa. Su última operación ha sido adquirir por 2,1 millones de euros la parcela de 11 hectáreas que albergó la antigua sede de Seat en el Polígono Industrial de la Zona Franca (era propiedad del Consorcio de la Zona Franca).
Su oferta se impuso a la de otras cuatro compañías e implica poner la primera piedra de un proyecto denominado plataforma BZ, el desarrollo urbanístico de unas parcelas industriales que ahora están vacías en la periferia de la capital catalana. Cilsa controlará la concesión de la primera fase de explotación por un período de 50 años con una prórroga opcional de otros 25.