La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la fianza de 18 millones de euros impuesta a Rodrigo Rato. El primero en fijar esa cantidad fue el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Artal, que acusó al ex vicepresidente del Gobierno durante el mandato de José María Aznar de cometer varios delitos.
La Audiencia afirma en un auto hecho público este martes que existen “datos suficientes” para sospechar que Rato “hubiera podido incurrir” en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El escrito refleja, además, que la Fiscalía no ve indicios suficientes para atribuirle el delito de insolvencia punible (alzamiento de bienes).
Declaración ante el juez
Este miércoles deberá declarar ante el juez de la Audiencia Provincial para dar explicaciones sobre los informes de la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude (ONIF) que le señalan como presunto responsable de haber cometido estos a delitos a título individual.
Al margen de este caso, Rato también está implicado en la causa de la salida --eventualmente-- fraudulenta a bolsa de Bankia y el uso ilegítimo de tarjetas de crédito de Caja Madrid opacas al fisco, las famosas tarjetas black.
Levantamiento del embargo
Si Rato deposita los 18 millones, el tribunal le levantará el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y de pensiones.
También quedará sin efecto la medida dirigida a evitar la venta de sus bienes muebles: un asiento registral para que constara en el Registro de la Propiedad que las propiedades estaban sujetas a una investigación judicial.