La juez del 'caso BPA' investiga también a Crédit Andorrà, Andbank y Mora Banc

La Batlle (juez) que instruye el caso BPA abre el foco de la investigación a todas las entidades del Principado. Busca supuestas vinculaciones entre la actividad bancaria y el blanqueo de capitales de mafias internacionales no sólo en las entrañas de Banca Privada d’Andorra (BPA), sino también en las de Crédit Andorrà, Andbank y Mora Banc.

La magistrada ha citado a más de una veintena de empleados bancarios del país. Les alerta de que comparecerán en las dependencias judiciales en condición de encausados, una figura que existe en la legislación andorrana y fija que los afectados deben ir acompañados de sus abogados y que están señalados como culpables de un delito.

Gao Ping, el nexo de unión

La instructora cuenta con un nexo de unión entre toda la banca del Principado: Rafael Pallardó. El empresario español realizó negocios con todas las entidades del país. El origen del movimiento de capitales está más que puesta en duda, ya que el ejecutivo actuaba como representante del supuesto cerebro de la mafia china en España, Gao Ping.

Cabe recordar que fueron las declaraciones de Pallardó ante la fiscalía andorrana las que propiciaron la detención y el encarcelamiento del exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, en prisión desde el pasado marzo.

Justificación del encarcelamiento

La justicia del Principado consideró que las gestiones que Miquel realizó con el representante de Gao Ping eran irregulares y justificaban su entrada en la cárcel.

Los tribunales reconocieron que las supuestas irregularidades por el organismo estadounidense que investiga el blanqueo de capitales internacional (FinCen), el documento que propició la intervención de BPA, no tenían suficiente entidad como para llevar al consejero delegado de la entidad al calabozo.

Investigación bajo secreto de sumario

Los intercambios que realizaba Perelló en el Principado están detallados en el sumario del caso Emperador, indica El Periódic d’Andorra; y el nombre de BPA no es el único que queda reflejado en el documento.

El caso BPA está bajo secreto de sumario y la instrucción va para largo. Han pasado casi cinco meses desde que el Tesoro estadounidense, mediante el FinCen (el organismo estadounidense que combate el blanqueo y la financiación del terrorismo internacional), advirtiera de irregularidades en la entidad y el jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, decretara su intervención el 10 de marzo.

Para localizar los fraudes denunciados por EEUU, se contrataron a un centenar de auditores subcontratados a PwC para detectar las actividades ilícitas. Por el momento, su éxito ha sido nulo. Incluso los propietarios del banco, la familia andorrana Cierco, ha denunciado lo que consideran un atropello contra sus intereses. BPA habría puesto en conocimiento de las autoridades de Andorra todos aquellos casos sospechosos de estar relacionados con el blanqueo de capitales y contaba con una auditoría externa que certificaba el cumplimiento de la legislación en esa materia.