Acciona mantendrá su principal contrato en el sector del agua, la gestión del negocio de distribución en alta en Barcelona y su ámbito de influencia, por lo menos un año más. Es el tiempo en que los juristas consultados estiman que el Tribunal Supremo resolverá los cuatro recursos presentados por el grupo de infraestructuras de los Entrecanales, el banco brasileño BTG Pactual, la Generalitat y Agbar contra la resolución del TSJC que anula la concesión. Cada uno lo hace en defensa de sus intereses particulares. La guerra del agua sigue su curso en los tribunales pero, en el apartado económico, mantiene abierta una cuestión: el pago de los impuestos asociados al contrato.

Dos años y medio después de quedarse una concesión valorada en 1.000 millones de euros, la concesionaria del servicio aún no ha desembolsado los 40 millones de euros a los que debe hacer frente en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).

La Generalitat no lo reclamará

El consorcio liderado por Acciona junto a BTG y un grupo de minoritarios encabezados por las familias Rodés y Torreblanca no han pagado ni tienen intención de hacerlo el impuesto autonómico, indican fuentes cercanas a la concesión.

El Gobierno de Artur Mas tampoco se lo reclamará. Así se puso de manifiesto en la comparecencia del consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, este miércoles en la comisión de Economía del Parlamento de Cataluña.

Preguntas de Ciudadanos

El responsable de las finanzas catalanas eludió en todo momento hacer ninguna referencia a la condonación de las tasas, según denuncian desde la oposición. Ciudadanos insistió en su día con preguntas parlamentarias sobre los impuestos de la operación pero la Generalitat siempre tiró balones fuera.

Dos años y medio después de la firma del contrato y con toda la historia procesal a sus espaldas, mantiene esta política.

Comparecencia en el Parlament

La comparecencia de Mas-Colell también ha sido muy criticada por mostrarse “irrespetuoso con el TSJC”, añaden los mismos interlocutores. El consejero afirmó que el máximo tribunal de Cataluña se extralimitó al anular en su sentencia el contrato cuando el periplo judicial aún estaba vivo.

Todos los presentes eran conscientes que, fuera cual fuera el sentido de la resolución, se elevaría el debate al Tribunal Supremo. Con todo, todos los implicados piden respeto para el TSJC.

Presencia de Santi Vila

Asimismo, los diputados echaron de menos la presencia del consejero de Territorio, Santi Vila, en la comisión por problemas de agenda. El ex alcalde de Figueres (Girona) es el máximo responsable públicamente del contrato de ATLL, ya que la mesa de contratación que actuó depende del departamento que dirige.

La queja es clara: aunque la pauta política la marque Mas-Colell, Vila no debería eludir sus responsabilidades públicas con el principal proceso judicial en materia de contratación pública que está abierto en Cataluña. Especialmente cuando su resolución irá más allá del 27S y ni siguiera el socio de CiU en el Gobierno, ERC, está de acuerdo con los pasos que el Govern ha seguido para mantener a Acciona al frente de la gestión de ATLL.