El caso ATLL, el contrato del 1.000 millones con Acciona para gestionar el agua en alta en Cataluña, es el gran fiasco en las pocas grandes licitaciones que ha realizado el Gobierno de Artur Mas en dos legislaturas. ¿Alguien asumirá alguna responsabilidad política por cómo terminará la concesión? No. Ni de la consejería de Economía ni la del Territorio, los dos departamentos que están detrás de la adjudicación.
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, declinó este miércoles en la comisión de Economía y Finanzas del Parlement catalán asumir ningún tipo de compromiso del fracaso en los tribunales de un contrato que fue puesto en duda seis días después de su firma, el 27 de diciembre de 2012, y después en el TSJC y en el Tribunal Supremo.
“Esta es una cuestión 100% jurídica”, defendió el responsable de las finanzas catalanas ante los diputados de la oposición.
Sin cambios en el contrato
Mas-Colell eludió contestar de esta forma a una pregunta de su socio en el proceso independentista, ERC. El diputado republicano Marc Sanglas, además de reclamar responsabilidades políticas al Ejecutivo, aseguró que la operación era “un nyap (chapuza)” y que aún no se dan “ni las garantías ni la seguridad jurídica” para mantener la concesión actual.