El Gobierno de Artur Mas ha dado otro paso para imponer un nuevo orden de fuerzas en el mapa patronal catalán. Ha limitado el poder de la institución con mayor historia y que se ha mostrado más crítica con el proceso soberanista, Foment del Treball, mediante un dictamen de los responsables de los servicios jurídicos de la Generalitat. El documento elimina la representatividad que Fepime había conseguido en los tribunales.

La patronal liderada por María Helena de Felipe y adscrita a Foment se hizo con el 15% de todas las sillas de los órganos de concertación social del Gobierno catalán gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) de 2011.

Acción amenazada

La resolución revisaba la división original del poder de las patronales que se había decidido en los Gobiernos de Jordi Pujol: 75% de la representatividad para Foment y el 25% restante para Pimec. El tribunal dividió el poder que ostentaba la gran patronal, que cedió el 15% a Fepime y mantuvo el 60%.

A primera vista, Pimec salió indemne de la sentencia. El problema es que la resolución dejó entrar a las mesas de dialogo a otra organización con sus mismos intereses y con la que mantiene un pulso histórico para erigirse en portavoz de las pymes en Cataluña.

Durante un tiempo lo tuvo fácil, pero desde que Fepime adquirió representatividad ha iniciado un proceso de reactivación que incrementa su relevancia.

Dos recursos rechazados

La patronal de las pymes presidida por Josep González fue dos veces a los tribunales para defender sus intereses. El TSJC primero y el Tribunal Supremo después rechazaron sus alegaciones, presentadas entre 2012 y 2013.

Finalmente, ha conseguido el espaldarazo de la Generalitat para echar a Fepime.

Competencias para medir la representatividad

“El Supremo dejó la puerta abierta a que se revisara el reparto de la representatividad”, alegó González al conocer el sentido del dictamen, que aún no se ha publicado oficialmente.

Foment del Treball, a su vez, ha decidido guardar silencio hasta conocer la letra pequeña de los argumentos del Gobierno catalán.

La histórica patronal catalana, adscrita a la CEOE, ya manifestó a principios de año que la Generalitat no tenía potestad para decidir sobre la representatividad real de una patronal y que era el Estado quien conservaba las competencias para medir el peso de una organización empresarial.

Resolución abierta

El final del pulso a varias bandas entre patronales y Generalitat se queda abierto. El dictamen sólo hace referencia a la pérdida de poder institucional de Fepime, según fuentes conocedoras del documento; no aborda cuál debe ser el nuevo reparto de la representatividad.

Si Mas convoca finalmente elecciones el 27S, será el próximo Gobierno de la Generalitat el que dé con la solución definitiva a la controversia entre las patronales catalanas.