La Comunidad Valenciana falseó las cuentas que España entregaba a la oficina europea de estadística, Eurostat, entre 1988 y 2011 y Bruselas ha decidido penalizar este comportamiento con una multa de 18,93 millones de euros que deberá pagar el Estado.

Se trata de una sanción simbólica, lejos de los 2.000 millones que debería pagar si se tuviera en cuenta el máximo previsto por ley (la sanción está vinculada al peso del país sobre el PIB comunitario).

Negligencia grave

A pesar de la benevolencia económica, la Comisión ha tachado de “negligencia grave” la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda de la Comunidad. El Gobierno regional ocultó sistemáticamente una parte del gasto sanitario de la región y el Ejecutivo central no detectó ni penalizó este tejemaneje para mejorar la situación económica valenciana.

La multa impuesta ahora sólo se refiere al periodo 2011-2012, ya que la Comisión Europea sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados miembros desde entonces. Anteriormente, eran los gobiernos de los 28 los encargados de fiscalizar las cuentas de sus administraciones. En 2012, se corrigieron los problemas detectados.

El mismo ocaso que Grecia

La nueva legislación se puso en marcha, precisamente, para evitar que se repitieran casos como los de Grecia, cuyas estadísticas estatales estaban manipuladas. La salida a la luz de este comportamiento en 2011 fue el disparo de salida de la crisis de deuda del país que ha desembocado en el tercer rescate de la Unión Europea en tiempo de descuento.

El Ejecutivo comunitario hace responsable de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, y considera que actuó en solitario. Además, se ha tenido en cuenta que las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación, uno de los “factores atenuantes” que llevado la penalización al mínimo. También se ha tenido en cuenta que la infracción ya se ha corregido.

Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, la multa propuesta por la Comisión se ha reducido al 20 % del importe de referencia.