El concurso de transporte sanitario catalán está listo para que la Generalitat firme los contratos con las empresas a las que adjudicó el servicio. La concesión mueve 2.000 millones de euros, una de las más cuantiosas desde que Artur Mas llegó a la presidencia en diciembre de 2010, y propició un alud de recursos de las empresas que se quedaban fuera. Todas las alegaciones han quedado desestimadas en el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP).

El organismo ha notificado a las partes siete resoluciones que levantan la suspensión automática de la adjudicación. Los afectados pueden recurrir ahora a la justicia ordinaria para intentar cambiar el sentido del concurso, la vía administrativa ha terminado con la publicación de las sentencias.

Irregularidades señaladas

Las alegaciones presentadas señalaban presuntas irregularidades de todo tipo. Desde bajadas de precio temerarias en las ofertas a proponer realizar el transporte sanitario con vehículos no válidos, con demasiado de carga y con flotas reducidas.

Algunos recurrentes también apuntaron que las ganadoras del contrato no cumplían con la normativa europea del transporte sanitario o que existían defectos de forma en los pliegos de condiciones.

Falta de justificación

El problema de la mayoría de las alegaciones, según el tribunal encabezado por Juan Antonio Gallo, es que las recurrentes no justificaron de forma concluyente los recursos. También alega que la Administración está obligada a asegurarse ofertas económicas ventajosas por los objetivos de estabilidad presupuestaria, que las condiciones de los pliegos de condiciones se contemplan en las ofertas finales y que no contempla ninguna motivación “especialmente reforzada por el órgano de contratación” para determinar qué empresa conseguía el contrato.

En cuanto a las quejas sobre la falta de cumplimiento de los convenios colectivos del sector, el Tribunal recuerda que “no corresponde a la Administración contratante ni a la jurisdicción contenciosa” regular las relaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores.

Los denunciantes tampoco cumplieron con los tempos de los recursos. El tribunal desestima directamente ciertas alegaciones al estar presentadas fuera de plazo.

Baile de sillas en el sector

El problema de fondo en la concesión de ambulancias es que los nuevos contratos provocarán un baile de sillas en el sector. Grupos con mucha tradición en el transporte sanitario, como la empresa Centre d’Ambulancies Baix Ebre, se quedan fuera del sector público por 10 años, el periodo de vigencia de la concesión.

Irrumpen, asimismo, nuevos grupos como la multinacional danesa Falck.

Revisión de las ofertas

CatSalut, el organismo que gestiona la sanidad pública catalana, ya revisó la primera clasificación en marzo, cuando se valoraron únicamente las ofertas económicas. En la adjudicación final, cuando se tuvieron en cuenta las propuestas técnicas, Falck cedió algunas plazas a favor de Transport Santiari de Catalunya (TSC), sociedad controlada por un fondo de inversión de la familia Bonomi, dueños de Port Aventura, en solitario o mediante una UTE con el Grup La Pau.

Los Bonomi se llevaron siete de los 13 lotes licitados seguidos de la UTE Egara-Lafuente, ganadora de tres lotes; y Falck, que se lleva tres contratos.