¿Qué impacto económico tendrá para Barcelona el freno en la concesión de nuevas licencias turísticas? Los empresarios del sector alertan de que el bloqueo de los permisos que ya se habían empezado a negociar propiciará un aluvión de querellas contra el ayuntamiento liderado por Ada Colau, que no ha realizado ninguna previsión en este sentido.
El equipo municipal asegura que la medida se ha tomado con las garantías de los servicios jurídicos municipales y con el visto bueno del secretario del consistorio, sin contar con ninguna previsión presupuestaria para hacer frente a los posibles costes judiciales.
Blindaje de las finanzas municipales
Aquí es donde la alcaldesa habría arriesgado, según varios especialistas en derecho de las administraciones públicas consultados. Según estos expertos, la legislación vigente estipula que una orden política que deriva en una demanda patrimonial millonaria que podría poner en peligro las finanzas municipales se debe provisionar. Es más, el equipo gestor debe valorar primero económicamente la operación y después consignar la cantidad que podría llegar a perder, añaden los mismos interlocutores.
Se trata de un mandato para evitar que, en el peor de los casos, la administración de turno se vea abocada a dificultades económicas serias (o que directamente incurriera en una quiebra técnica) por perder en los tribunales ante un privado.
Moratorias turísticas anteriores
Colau ni siquiera ha realizado el estudio del impacto económico de paralizar los 30 proyectos hoteleros que habían iniciado los trámites ante el consistorio para poder iniciar cuanto antes su actividad turística, aseguran fuentes de su entorno.
Los portavoces oficiales del consistorio remarcan que nunca se ha realizado ninguna consignación de capital en este sentido. Ni ahora ni en otras ocasiones en las que se ha tomado una decisión en la misma línea, según su valoración, como la moratoria de licencias de viviendas turísticas o la suspensión de nuevas licencias de hoteles y restauración en el plan de usos del barrio de Poble Sec, una decisión que se tomó el pasado marzo con el anterior equipo de Gobierno, el de Xavier Trias (CiU).
Perfil de los afectados
Según los juristas consultados, la gran diferencia entre estas moratorias y la actual es la afectación a proyectos en marcha. También reconocen que los proyectos que se quedan por el momento en el cajón tienen detrás grandes corporaciones con capacidad de iniciar batallas legales.
Este es el caso de las tres grandes iniciativas del sector del lujo que han sufrido por la medida: la adecuación de la Torre Deutsche Bank para convertirla en un Four Seasons promovida por el fondo KKH; el desembarco del grupo Hyatt en la Torre Agbar financiado por otro private equity, Emin Capital; y la transformación de la antigua sede de Henkel Iberia en un hotel de 182 habitaciones por parte de Meridia Capital.
El sector calcula que sólo estos tres proyectos propiciaban una inversión inmobiliaria de 500 millones de euros, a los que se debería sumar el coste de las obras para adaptar los edificios actuales a las necesidades de un grupo hotelero. Las querellas que puedan iniciar los afectados tendrían un impacto económico parecido al inversión que está en juego.