A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no le ha temblado el pulso al ejecutar una de sus promesas electorales: poner puertas al sector turístico. La líder de BComú anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) de este jueves que suspendía la concesión de licencias para alojamientos turísticos y paralizaba las que estaban en curso para replantear la regulación del sector mediante un proceso de participación ciudadana. La decisión política fue aplaudida por las entidades sociales pero en el sector ha desatado el temor y la preocupación por la especulación que lleva aparejada.
Los empresarios turísticos de Barcelona hablan, pero con una condición: que su nombre no aparezca por las posibles consecuencias que les pueda acarrear. Las fuentes consultadas denuncian que el equipo de Colau no ha tenido en cuenta que limitar el mercado abre la puerta al incremento de precios generalizado en los hoteles. Encarecimiento que dejaría fuera de la ciudad a los visitantes menos acaudalados.
Mayor oferta al margen de la ley
Este fenómeno conlleva otro, según su relato: la proliferación de ofertas de alojamientos al margen de la ley con aplicaciones como Airbnb. "Perseguir y limitar su presencia ya se ha intentado en otros países y por ahora no es factible”, manifiesta uno de los ejecutivos.
Asegura que la contundencia de la actuación contra otras plataformas de un perfil similar, como ha ocurrido con Uber (sus líderes en Europa serán juzgados en Francia, por ejemplo), salió adelante gracias a la presión ejercida por los taxistas; pero nadie espera que los dueños de hoteles de la ciudad se presenten delante de un piso que se usa temporalmente como alojamiento turístico para increpar a su dueño, como han hecho los taxistas.
Impacto en la ocupación
Los empresarios turísticos de Barcelona lamentan también el impacto en el empleo del cerrojazo a las nuevas licencias de BComú. Señalan que por cada plaza hotelera (las personas que caben en una habitación) se crean 0,95 puestos de trabajo directos. Si los 30 proyectos que se han visto afectados por la suspensión de nuevos permisos municipales implicaban la creación de 5.000 plazas, un cálculo a la baja, implicaría renunciar a la creación directa de 4.750 ocupaciones.
También echan mano a un estudio de Seopan, el observatorio de la construcción, que señala que por cada millón de euros invertidos en impulsar un nuevo proyecto hotelero se generan directamente 15 empleos por su ejecución. Las propuestas a las que había dado luz verde inicialmente el Gobierno de Xavier Trias (CiU) movilizaban un mínimo de 400 millones de euros, por lo que se debe añadir a esta extrapolación la renuncia a otros 6.000 puestos de trabajo durante la construcción.
Valoración individual de los proyectos
El sector pide a la alcaldesa que no se limite a tomar una decisión política que refuerza su perfil social sobre el papel. Reclama que tenga en cuenta qué pierde realmente Barcelona al eliminar de un plumazo todas las nuevas licencias turísticas en lugar de valorar de forma individual cada proyecto. No se muestran contrarios abiertamente a regular el turismo, pero piden que se haga con sentido común y lejos de posiciones maximalistas.