Deutsche Bank advierte: la secesión no mejoraría la "prosperidad" de Cataluña

Un informe del Deutsche Bank asegura que "hay pocas razones desde un punto de vista objetivo" por las que Cataluña "debería ganar un grado sustancial de prosperidad a través de la independencia", por ello se muestra sorprendido de que "los partidos nacionalistas mencionen este asunto como uno de los argumentos más importantes".

Y concluye adviertiendo de que el hecho de ser una región próspera puede generar la "ficción" de que la secesión es una buena opción, sin serlo:

"Es importante entender que un tema tan cargado emocionalmente en ocasiones puede nublar la vista de las realidades económicas. La creación de una administración independiente, con oficinas de representación internacional, una organización militar de defensa, etc. naturalmente tiene un precio. Objetivamente hablando, no hay muchos caminos a través de los que la independencia de hecho pueda generar ventajas financieras. Uno de los pocos, y quizas el más obvio, es la desaparición de transferencias financieras a otras partes del país. Por tanto, solo en una región próspera (en relación al resto del país) es posible mantener la ficción de que ir por sí sola sería la mejor opción. En otras palabras: uno tiene que ser capaz de pagárselo".

El coste financiero de romper va "más allá" del ahorro de las redistribución fiscal

El informe, titulado 'Better off on their own? Economic aspects of regional autonomy and independence movements in Europe' ('¿Mejor ir por su cuenta? Aspectos económicos de los movimientos de independencia y autonomía regionales en Europa') y publicado el pasado 6 de febrero, analiza y compara las motivaciones económicas de algunos movimientos secesionistas europeos. Y llega a unas conclusiones demoledoras para el independentismo catalán.

Deutsche Bank alerta sobre lo que denomina "la ilusión financiera de la independencia". Así, señala que "el deseo de unos derechos especiales, una amplia autonomía o incluso la independencia se basa en gran medida en una creencia en la fortaleza económica de la región en cuestión". Pero advierte de que "las implicaciones financieras resultantes de la independencia de facto van más allá del ahorro conseguido por escapar del sistema de compensación financiera regional del país".

La deuda se encarecería con la secesión

El informe insiste en que, "a pesar de que a los defensores de la independencia les gusta pasar por alto los riesgos potenciales, incluso en el caso de que hubiera un ingreso inmediato como miembro del mercado único europeo y de la eurozona, habría una serie de potenciales desventajas financieras".

Entre ellas, destaca los "mayores costes de los préstamos", subrayando que los inversores exigen una prima de liquidez mayor a los países más pequeños, por tener volúmenes de emisión de deuda menores. Y apunta que la Cataluña independiente debería pagar mayores tipos de interés para financiarse, y que ahora soluciona a través del FLA, que "representa una transferencia fiscal directa del Gobierno central a Cataluña" en cuanto a que reduce su coste de financiación.

También afirma que Cataluña debería asumir una parte "considerable" de la deuda soberana española, por lo que el nuevo Estado nacería con "cargas fiscales sustanciales".

Un efecto frontera "destructivo"

Además, se generarían "efectos comerciales destructivos": "El resto de España es, de lejos, el mayor socio comercial del País Vasco y de Cataluña, y lo mismo ocurre con el Reino Unido en el caso de Escocia, y con Italia y el Véneto. Esto demustra que, a pesar del mercado único europeo, las fronteras nacionales con frecuencia siguen jugando un papel significativo".

"Aunque el comercio entre España y Cataluña no se pararía completamente, parece altamente improbable que las intensas relaciones comerciales sobrevivieran a una (posiblemente discordante) separación sin sufrir daño alguno. El hecho de que cerca de tres veces más los productos catalanes son 'exportados' a otras regiones de España que a la geográficamente comparable y mucho mayor Francia muestra impresionantemente que las fronteras (ya sean políticas, lingüísticas o culturales) todavía juegan un imporante papel en la Europa unida".

El principio de ordinalidad fiscal, inviable

El informe analiza el sistema fiscal español y no detecta ninguna discriminación ni injusticia en el modelo de redistribución entre las CCAA de régimen común. De hecho, explica con detalle por qué no es posible aplicar el principio de ordinalidad fiscal, ya que, por ejemplo, las regiones menos densas -y generalmente menos prósperas- tienen un mayor coste per cápita de los servicios públicos:

"El objetivo del mecanismo de nivelación es establecer un nivel comparable de servicios públicos en todo el territorio español. Como resultado de unos ingresos con marcadas diferencias y también de factores geográficos, esto es mucho más difícil para unas regiones que para otras. [Por ejemplo] los ingresos per cápita en Castilla-La Mancha son casi 10.000 euros menos que en Madrid. Además, la población de Madrid es tres veces mayor y los habitantes de Castilla-La Macha están repartidos por un área diez veces mayor (casi del doble que el tamaño de Holanda). Obviamente, es mucho más difícil y más caro para una región tan grande y poco poblada mantener una red comparable de infraestructuras públicas e instituciones de salud y educación que en regiones como Madrid, Cataluña o el País Vasco".

El único agravio comparativo, el trato fiscal "preferencial" vasco y navarro

Deutsche Bank destaca que Cataluña es "un contribuyente neto de larga duración" al sistema de redistribución fiscal, lo que considera que no es "sorprendente". Sin ambargo, admite que "el descontento de muchos catalanes" es "comprensible", pero no por la contribución a la caja común, como desde el nacionalismo se reivindica, sino por la "asimetría entre regiones con diferentes regímenes fiscales", en referencia al País Vasco y Navarra.

Son esas "reglas desiguales" las que, según el análisis, "agravan los problemas", puesto que "le otorgan" al País Vasco y Navarra "un trato preferencial en relación a la sistema de nivelación horizontal entre regiones", ya que, pese a ser las CCAA más prósperas, no son "contribuyentes netas al sistema de nivelación" fiscal interregional.

"Es status de autonomía espcial genera ventajas financieras significativas al País Vasco y Navarra. En tanto que ambas regiones sería contribuyentes netas si fueran tratadas como el resto, este acuerdo es claramente desfavorable para todas las otras regiones prósperas", insiste.

No hay "un sesgo específico anticatalán" en el sistema de redistribución fiscal

Así las cosas, el estudio deja claro que "pese a que el asunto [de la redistribución fiscal] es central en el debate político, no parece haber un sesgo específico anticatalán".

"Al menos en relación a la redistribución fiscal, la queja habitual de los nacionalistas catalanes de que el Estado español explota sistemáticamente la fortaleza económica de Cataluña apenas parece justificada. Después de todo, Madrid y las Islas Baleares aportan más tanto en términos per cápita como en términos de PIB", señala el informe.

Y considera que ninguna de las tres alternativas posibles (eliminar el régimen especial vasco y navarro; establecer el principio de ordinalidad fiscal; o establecer un concierto económico para Cataluña similar al vasco y navarro) es viable, puesto que, aunque solucionaría algunas tensiones políticas y económicas, a la vez generaría otras.

No hay discriminación por parte del Estado central

Finalmente, y además de achacar las motivaciones económicas de los movimientos independentistas europeos a la "ficción" en la que algunas regiones prósperas incurren al creer que caminando solas les iría mejor, el infome incluso va más allá:

"Los nacionalistas suelen afirmar que sufren la discriminación de un Estado centralizado, pero su razonamiento acostumbra a ser difícil de seguir. En cualquier caso, estas regiones [entre ellas, Cataluña] forman parte de democracias plurales, y tienen garantizado el derecho a disfrutar de las libertades fundamentales por parte de la UE y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos".