El Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, seguirá inyectando recursos financieros a las CCAA que necesiten de flujo financiero para poder pagar las nóminas de sus funcionarios y las facturas a los proveedores.
A pesar de la radicalidad del discurso secesionista de la Generalidad de Cataluña y del gobierno de CiU, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado a los consejeros de economía autonómicos que se incrementarán estos recursos el próximo ejercicio.
Los anticipos a cuenta del Gobierno a las CCAA aumentarán un 4,8 % en 2015, hasta un total de 3.903 millones de euros, como consecuencia del cambio de ciclo económico y del incremento de la recaudación que conllevará.
Montoro, ha informado de ese dato a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se han aprobado los objetivos de déficit y deuda hasta 2017 y en el que ha explicado la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.
"No hemos conminado a nadie"
Un Consejo al que varios consejeros -incluidos algunos del PP- han acudido con ganas de hablar de financiación autonómica, pero el ministro ha dejado claro que ese tema no toca porque el clima político no es el adecuado, de modo que no se abordará hasta que esté aprobada la reforma fiscal.
Montoro ha dejado claro que se trata tan solo de la aplicación del sistema de financiación actual y en ningún caso de una compensación por una posible merma de ingresos derivada de la reforma fiscal, lo que prácticamente hace imposible que esté en vigor en 2015.
El ministro de Hacienda ha confiado en que las autonomías sigan "motu proprio" los pasos del Ejecutivo en la reducción de impuestos, aunque ha aclarado que no se lo va a imponer.
"No hemos conminado a nadie", ha dicho Montoro tras insistir en que la bajada del IRPF está garantizada para todos los ciudadanos y no depende de las CCAA, sino de las Cortes Generales.
Visto bueno al programa de estabilidad 2015-2017
El aumento de ingresos de las CCAA se verá en parte mermado por la obligación de devolver 2.158 millones de euros por la liquidación negativa del ejercicio 2013.
El Ministerio, a petición de algunos consejeros, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de aplazar esa devolución en diez años, como hizo con las de 2008 y 2009, un asunto que se verá posiblemente en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará a finales de julio.
Las CCAA, al menos Canarias, Extremadura y Andalucía, se beneficiarán del impuesto a los depósitos bancarios, pues el Gobierno se ha mostrado partidario de que el tipo impositivo -que actualmente está en 0- suba de forma moderada.
El Consejo ha aprobado mantener el objetivo de déficit de las CCAA para 2014 en el 1% del PIB con el voto en contra de Asturias, Andalucía y Cataluña y la abstención de Canarias, el País Vasco y Navarra. Asimismo, se ha dado el visto bueno al programa de estabilidad presupuestaria para el período 2015-2017, en este caso con la oposición de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias.
Las Autonomías no podrán superar el 0,7% de déficit
El programa de estabilidad remitido a Bruselas establece que las Autonomías no podrán superar el 0,7 % de déficit en 2015, el 0,3 % en 2016 y el 0,0 % en 2017. De esta forma, el Consejo ha ratificado que los gobiernos regionales tengan que conseguir el equilibrio presupuestario en un horizonte de tres años y medio.
También se ha mantenido un límite de deuda del 21,5 % del PIB para 2015, del 21,3 % para 2016 y del 20,6 % para 2017.
Varias CCAA han reclamado al Gobierno un nuevo sistema de financiación autonómica cuanto antes y Madrid ha aprovechado para pedir una flexibilización en las condiciones que el Ministerio impone a las regiones para contraer deuda y anticipos a cuenta hasta que se reforme el sistema.
Por otra parte, la consejera andaluza, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno no compense a las CCAA por la posible pérdida de ingresos que van a padecer por la bajada del IRPF prevista en la reforma tributaria.
Andalucía ha valorado que se haya retirado una disposición transitoria de la reforma fiscal que obligaba a las CCAA a aprobar una nueva ley antes de que entre en vigor la reforma fiscal para mantener su nivel impositivo, pues de lo contrario se equiparaba al estatal.