La Fiscalía acusa al consejo de Spanair de agravar el estado de insolvencia de la compañía y reclama 72 millones de euros

La Fiscalía de Barcelona reclama 72 millones de euros a los miembros del consejo de la aerolínea Spanair, a quienes considera responsables de agravar el estado de insolvencia de la empresa por haber retrasado la solicitud en el concurso de acreedores.

El informe de la fiscal Raquel Amado, recogido este martes por Europa Press, apoya las tesis de los administradores concursales, quienes denunciaron que la aerolínea ya era insolvente el 30 de junio de 2011 y que, aun así, la solicitud del concurso fue retrasada cinco meses. 

En concreto, Amado señala en su texto que en la fecha mencionada la sociedad estaba "materialmente en situación de fondos propios negativos no reequilibrados" y que el retraso agravó el déficit concursal en 72.184.107,63 euros. El mantenimiento en el activo de estos "créditos fiscales por bases imponibles negativas" de anteriores ejercicios no ha podido justificarse, pues, por las previsiones del plan de negocio. 

Previsiones inciertas e inconcretas

Dichas previsiones, continúa la fiscal, "adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción y eran, por tanto, incompatibles con los principios de prudencia y probabilidad razonable a beneficios futuros", principios a los que debe ajustarse la práctica contable referida.

Como indicio de tales "inconcreciones" e "incertidumbres", Amado apunta que los socios privados de Spanair (Volcat 2009 SL), a despecho de su inversión inicial, "en ningún momento llegaron a inyectar fondos mediante préstamos para financiar la compañía al modo en que sí lo hicieron los socios públicos (Avançsa) o semipúblicos (Fira de Barcelona)".

Por todo ello, la fiscal considera culpables al entonces presidente, Ferran Soriano; al director general, Michael Balint Szucs; al vicepresidente, Benny Zkrisson; a los consejeros Miquel Martí Escursell, Josep Mateu Negre, Jordi Rafael Bagó Mons, Josep Maria Benet Ferran, Joan Gaspart (en nombre de Inversions Turístiques), Manuel Albanell Mira (en nombre de Catalana d'Iniciatives), Karl Mats Erik Lönnqvist, y las empresas Avançsa, Inversiones Turístiques i Comercials 2009 SA y Fira de Barcelona.

Amado también solicita que los antecitados queden inhabilitados para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años, la pérdida de derechos como acreedores concursales y que paguen "solidariamente" los 72 millones, excepto Karl Mats Erik Lönnqvist, a quien solo pide responder por seis millones.