Standard & Poor's mantiene la deuda de Mas en "bono basura" con perspectiva negativa

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) mantiene el rating de la deuda a largo plazo de la Generalidad de Cataluña en el nivel BB, lo que se conoce como "bono basura", con perspectiva negativa.

S&P reconoce que la Generalidad sigue luchando contra las desviaciones del déficit y que sigue teniendo acceso a la liquidez que le proporciona el Gobierno -de hecho, considera que continuará reduciendo su déficit y que el desvío respecto a los objetivos será moderado-, pero eso no es suficiente para mejorar la nota de su solvencia.

La elevada deuda que arrastra (superaba los 57.000 millones de euros a mitad de año), su alto déficit (un 1,38% del PIB hasta septiembre) y la negativa gestión financiera son argumentos suficientes como para que S&P advierta de que hay un importante riesgo de que la Generalidad siga acumulando más deudas en los próximos doce meses, lo que dificulta su perfil crediticio "ya débil".

S&P también alerta del riesgo de que los objetivos actuales de la Generalidad para mejorar su régimen de financiación o un potencial cambio del "estatus político" actual en España "podría producir fricciones políticas con el Gobierno", lo que podría obstaculizar el apoyo de este al Gobierno autonómico, algo que la agencia considera fundamental, aunque considera que esta posibilidad es baja.

La solvencia financiera de los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía también mantienen perspectivas negativas, mientras que los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Extremadura, Canarias y Aragón han mejorado su perspectiva de "negativa" a "estable".

Hace un año advirtió de los costes de la tensión independentista

Hace poco más de un año, S&P rebajó la nota de la deuda de la Generalidad a "bono basura", siguiendo los pasos de Moody's. "La rebaja de Cataluña sigue a las crecientes tensiones entre la región y el Gobierno central", señaló entonces la agencia, que consideró que esas tensiones podrían generar un "potencial impacto negativo" en su "capacidad para conseguir financiación externa".

De hecho, S&P advirtió de que es "probable" que la exigencia de la Generalidad para cambiar el marco institucional "exacerbe las tensiones políticas con el Gobierno central hasta un punto de ruptura", lo que "aumenta el riesgo de que Cataluña sea puesta bajo administración nacional", tal y como recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria.