Parte de la cúpula de la antigua Caixa Penedès ha descargado, este martes, en la comisión de investigación del Parlamento autonómico de Cataluña sobre las cajas catalanas, toda la responsabilidad de las posibles irregularidades cometidas en la entidad en los últimos años en los directivos imputados. Y muy concretamente, en el ex presidente y ex director general Ricard Pagès y en el ex director general Manuel Troyano, para los que la fiscalía pide tres años de prisión por un delito de administración desleal, por asignarse planes de pensiones millonarias presuntamente de forma irregular. Los mismos que, el pasado martes, se negaron a responder a las preguntas de los diputados autonómicos en la misma comisión.
En su comparecencia en el Parlamento autonómico, Albert Vancells, presidente de la entidad entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, ha pedido disculpas por la actuación de los ex directivos imputados, asegurando que en la cúpula de la caja de entonces "todos nos sentimos deudores" de las presuntas irregularidades cometidas por los imputados.
En la misma línea se ha expresado el ex director general Ricard Banquells, que ha dicho que se sintió traicionado por los imputados, que experimentó un "sentimiento de frustración y daño terrible" al enterarse de los hechos, y que confía que se haga justicia.
Los dos ex directivos sí que han admitido parte de culpa de las irregularidades. Concretamente, por haber confiado en los imputados. Así, Banquells ha reconocido que las presuntas irregularidades no se detectaron a tiempo por la "confianza" depositada en Labrador y Troyano, y ha admitido que cometió un "error" al no haber averiguado sus sueldos. Un discurso parecido al de Vancells, que ha explicado que el sistema de control del resto de directivos era simplemente la buena fe en sus actuaciones, y que se ha declarado "avergonzado" por no haber descubierto antes los hechos.
Planes de pensiones "para el beneficio particular"
También este martes ha declarado otro de los ex directivos imputados, el ex director general adjunto Joan Caellas, que, si bien no ha estado completamente en silencio, como hace una semana Pagès y Troyano, se ha negado a responder buena parte de las preguntas: todas las relacionadas directamente con el caso por el cual está imputado.
Según la querella que presentó en febrero de este año la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, Pagès, Troyano, Caellas y el también ex director adjunto Santiago José Abella se otorgaron en 2011 -en pleno proceso de fusión de Caixa Penedès con las cajas Granada, Murcia y Sa Nostra para fundar Banco Mare Nostrum- "obligaciones económicas" en forma de pensiones y pólizas de seguros, "para su beneficio particular", actuando a escondidas del resto de la cúpula de la entidad.
Según el fiscal, los directivos imputados se adjudicaron irregularmente unos 31,6 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma: Pagès, 11,6 millones; Troyano, 6,2 millones; Abella, 5,7 millones; Caellas, 4,8 millones; y el desaparecido Jaume Jorba, ex director de recursos humanos de la entidad, 3,3 millones.
El mismo 2011, cuando la prensa reveló las presuntas irregularidades, el consejo de administración de Caixa Penedès forzó la dimisión de Pagès y Troyano. Las cajas participantes en la fusión recibieron por aquellas fechas más de 900 millones de euros en ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En mayo de este año, Banco Sabadell absorbió el negocio de Banco Mare Nostrum en Cataluña, donde operaba con la marca de Caixa Penedès. La operación ha culminado este octubre, con la integración de las antiguas oficinas de la caja en la red del Sabadell.