El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijoan, ha llamado a declarar como imputados a los dos últimos máximos dirigentes de Catalunya Caixa, el ex presidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, el ex director general Adolf Todó, así como los otros 52 miembros del Consejo de Administración de la entidad que en 2010 se otorgaron unos aumentos de sueldo que la fiscalía consideraba "desproporcionados y ajenos a la situación real de solvencia" de la entidad.
La decisión del juez instructor llega el día siguiente que se supiera que el magistrado había admitido a trámite la denuncia que hizo la Fiscalía Anticorrupción el 5 de septiembre, y representa acceder totalmente a las principales peticiones del fiscal, que pedía la imputación de la totalidad del Consejo de Administración.
En una interlocutoria con fecha del miércoles, y divulgada este viernes, el juez instructor explica que ve "indicios de infracción criminal" de los 54 imputados, a partir de la denuncia de la fiscalía, y los llama a declarar por un delito "de administración desleal" -como también pedía la fiscalía-.
Los dos principales imputados, Serra y Todó, serán los primeros en declarar, el 21 de octubre a las 10:30 y las 11 de la mañana, respectivamente. El resto de imputados están citados a declarar desde aquel día y hasta el 11 de noviembre.
Aumento de sueldos "en un entorno de grave crisis"
La denuncia de la fiscalía, presentada el pasado 5 de septiembre, sostiene que el Consejo de Administración de la entidad de 2010 -en pleno proceso de fusión que creó Catalunya Caixa a partir de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa- se otorgaron "retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas sobre todo cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país".
Según la denuncia, "desde la creación de Catalunya Caixa en 2010, la entidad ha estado otorgando a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una "inyección de dinero público" por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". Sólo dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, después de un rescate de cerca de 12.000 millones de euros.
Según la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, los 54 directivos denunciados, entre los cuales destacan Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a su grave crisis financiera".