Piden imputar a Serra y Todó por sueldos "desproporcionados" en Catalunya Caixa

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha solicitado la imputación del ex presidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, del ex director general Adolf Todó y de otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010, por haber aprobado "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, tras un rescate de alrededor de 12.000 millones de euros.

"Administración desleal"

El fiscal Fernando Maldonado ha denunciado a los miembros que adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer un delito de "administración desleal".

Según el escrito, se trata de "retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país".

Se da la circunstancia de que tanto Serra como Todó comparecieron en julio pasado ante la comisión de investigación del Parlamento autonómico de Cataluña sobre "las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores". Ambos rechazaron entonces tener cualquier responsabilidad en el hundimiento de Catalunya Caixa.

"Evidente abuso del cargo"

La denuncia, dirigida al juzgado de instrucción de guardia, expone que, desde la creación de Catalunya Caixa en 2010 -por la fusión de Caixa Catalunya, presidida por Serra, con las cajas de Manresa y Tarragona-, la entidad ha estado otorgando a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una "inyección de dinero público" por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, los 54 directivos denunciados, entre los que destaca a Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

El escrito pone especial énfasis en las retribuciones variables por incentivos a corto plazo que recibieron los denunciados, al explicar que se otorgaron "en contra del criterio de la Comisión Europea", que considera que son una forma de retribución "inconveniente", porque "procuran un beneficio rápido de la entidad que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".

En este sentido, la fiscalía recuerda que la legislación establece que las entidades que han recibido ayudas públicas no pueden otorgar remuneraciones variables "excepto si se justifica adecuadamente a juicio del Banco de España".