La justicia tramitará un recurso contra el proyecto de rascacielos de L’Hospitalet

El ambicioso proyecto de los nuevos rascacielos que pretende construir Núria Marín se encalla. La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat se encuentra, ahora, con una nueva piedra en el camino que le impide avanzar en el Plan Director Urbanístico (PDU), diseñado para construir 26 rascacielos nuevos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite un recurso contra el proyecto de construcción que prevé el gobierno municipal de los socialistas, interpuesto por la compañía Galp Energía España el pasado 27 de marzo.

No es el primero

No se trata del único portazo con el que se encuentra la alcaldesa de L’Hospitalet, ya que en junio se topó con otro proceso de las mismas características. El TSJC admitió también a trámite un recurso, en aquella ocasión presentado por la empresa Plaro.

La compañía barcelonesa, de 25 años de antigüedad, se dedica a la compraventa y explotación de fincas urbanas y es propietaria de una de las que está situada en la zona de Can Trabal, donde el Ayuntamiento de L’Hospitalet planea recuperar 30 hectáreas de área comunal y construir un parque que pretende convertirse en el más grande del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El recurso de Plaro estuvo motivado por la superficie de la finca que se le ha adjudicado tras la aprobación del PDU, ya que asegura que es inferior a la que le corresponde y sospecha que hay un abuso de la Administración.

Rechazo de la oposición

La alcaldesa socialista se encontró con un rechazo absoluto al PDU Gran Vía-Llobregat desde el primer momento en el que lo dio a conocer. El pleno del Consejo Metropolitano de febrero tenía como uno de los puntos de la orden del día la aprobación del proyecto y, en el último momento, se retiró.

Es precisamente Can Trabal uno de los puntos de la discordia, ya que afecta a la última zona agrícola del municipio, donde se encuentra más del 80% de la diversidad biológica de la zona. En las alegaciones presentadas por la oposición, sostienen que el proyecto provocaría graves perjuicios para el medio ambiente, ya que la superficie total, de 415.899 metros cuadrados, se incluyó en 2011 en el libro blanco de las zonas a proteger a nivel europeo.

Argumentan que afectará provocando la pérdida del área agrícola, reducción de fauna, contaminación acústica y lumínica, además de afectaciones al acuífero de la Vall Baixa y el Delta del Llobregat.