Gordó, al banquillo por la rajada de Bassols

“Preguntado por si conoce a alguien a quien aludan como 'Gregorio', manifiesta que es Germà Gordó Aubarell”. Esa fue la guinda que necesitaba la Guardia Civil para cerrar el círculo respecto a las sospechas que se han ido acumulando sobre el exconsejero de Justicia, a quien la fiscalía sitúa en la cúspide de la trama del 3%.

Era necesaria una declaración testifical que ratificase los indicios documentales que ya apuntaban a que entre algunos de los imputados en la trama se estableció un código secreto para no ser detectados en caso de intervenciones telefónicas o investigaciones policiales.

 Y Josep Manuel Bassols, exalcalde de Anglès (Girona), marido de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Nuria Bassols, amigo íntimo de Carles Puigdemont, directivo de la empresa Oproler e imputado por pagar mordidas a cambio de obra pública se prestó a colaborar con el juez y los fiscales acorralado por las sospechas que se ciernen sobre él.

Una declaración que desencalló la imputación

Su declaración es el ingrediente más novedoso y más determinante del segundo y definitivo informe que el juez de El Vendrell (Tarragona) envió al TSJC pidiendo la imputación de Gordó. Esta vez sí, a la segunda intentona, el alto tribunal de Cataluña, tras estudiar ese documento, ha decidido imponer la condición de “investigado” a Germà Gordó.

Bassols tiró de la manta a las 14.10 del 3 de febrero, dos días después de su detención.

El directivo de Oproler  fue interrogado por agentes de la comandancia de Tarragona tal y como se recoge en la “diligencia de manifestación” que ha estado bajo secreto del sumario hasta hace 20 días.

Código secreto

En ese informe, la Guardia Civil recoge literalmente de boca de Bassols la siguiente afirmación: “Reconoce un mail en el que Sergi Lerma —su jefe en Oproler, también imputado en la causa— le da directrices sobre ocultar las identidades que sólo ellos deben conocer, y que tras pedirle aclaraciones sobre a qué se refería Lerma le dice que debían de denominar a determinado tipo de gente de forma reservada”.

Bassols dice que cuando se referían al tesorero de CDC Andreu Viloca utilizaban el nombre de Antonio y cuando hacían referencia al dirigente de CDC Francesc Sánchez, el de Fernando.

Pagó dádivas

Bassols reconoce que pagó cenas y noches de hotel a Andreu Viloca en Madrid así como entradas a espectáculos y al Santiago Bernabéu.

El marido de la magistrada del TSJC está imputado, según la fiscalía, por seis operaciones indiciariamente delictivas: tres vinculadas con la empresa municipal de Barcelona Bimsa y otras tres con la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, en la que Bassols se movía como pez en el agua gracias al aval de Gordó. Tras la obtención de las obras, la empresa pagaba religiosamente la comisión pactada, según la investigación.