Gobierno de Andorra: la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio

Resulta curioso, casi kafkiano, que el Gobierno de Andorra decida presentar una querella criminal contra un grupo de personas, la mayoría ex empleados en el antigua BPA (que ni siquiera han sido juzgados), alegando "que se ha de salvaguardar la reputación del país".

Resulta kafkiano porque el ejecutivo andorrano parece saltarse a la torera el sagrado principio de la presunción de inocencia. Los querellados, según el fiscal, habrían participado en la trama de blanqueo que se investiga en el banco, pero no han sido juzgados y, contra la mayoría, no existe medida cautelar alguna.

Acusador, acusado

Pero no es sólo el derecho a la presunción de inocencia lo que se vulnera con esta querella. Lo que la hace sorprendente es el hecho de que haya sido presentada por un gobierno cuyo ministro de Finanzas y portavoz, Jordi Cinca, aparece en la turbia trama de los papeles de Panamá y esta técnicamente imputado por un delito societario.

Ese Gobierno apela a la salvaguarda de la "reputación" como excusa o palanca para querellarse contra los ex empleados del banco que están siendo investigados por la justicia andorrana.

Extraña querella

"Por todos estos motivos, el Gobierno de Andorra comparece en la presente causa como actor penal porque lo hace en defensa del interés general, de la ciudadanía andorrana y de todos los que viven y trabajan en estos valles y en las instituciones del principado".

Así se expresa esa querella que hace ya ocho meses que se ha incorporado al sumario del caso BPA y que, según algunas fuentes jurídicas, lo único que pretende es tener acceso a las diligencias sumariales por la vía de la personación y no por otros canales clandestinos.

Según la denuncia, "los querellantes con su proceder han dañado seriamente la reputación del país y sus instituciones ante los Estados extranjeros y en particular ante los EEUU". El Gobierno andorrano se querella pero reconoce que lo que hay contra ellos en el caso BPA son, de momento, sólo indicios. Aun así, apela a la cuestión reputacional.

Y añade: "Los querellados también han dañado su propia imagen y reputación poniendo el acento y el riesgo la reputación del resto del sistema  financiero andorrano y poniendo en riesgo la propia existencia de la plaza financiera andorrana".

El juicio por el caso BPA está previsto que se celebre en los próximos meses.