Fiscalía pide dos años de prisión a los mossos del 'caso Quintana'

La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para los dos agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por el caso de Esther Quintana, que perdió un ojo presuntamente por el disparo de una pelota de goma en la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

En el escrito de acusación, con fecha del 29 de octubre, la fiscal reclama reclama dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación para un subinspector y un escopetero de los mossos, E.C.P. y LL.B.B., por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.

"Escaso manifestantes" en el momento de los hechos

Según la fiscal, los agentes formaban parte de tres furgonetas de la Unidad de Brigada Móvil de los Mossos que estaban en el paseo de Gràcia de Barcelona sobre las 21.00 horas de día de autos. La fiscal considera probado que el subinspector ordenó al otro mosso imputado que disparara pelotas de goma en ese momento pese a que el contexto "no requería en modo alguno" usar este tipo de proyectiles", y podrían haberse usado "otros medios menos lesivos", según el escrito de acusación. Fiscalía resalta que a esa hora ya quedaban "escasos manifestantes" en la zona, que estos estaban "en fase de dispersión", y que no portaban ni armas ni instrumentos peligrosos.

El escrito de acusación añade que los disparos se realizaron "sin adoptar todas las medidas de precaución necesarias". El texto reitera que el agente efectuó dos disparos sucesivos aunque "no existía riesgo alguno para su persona, para el resto de integrantes de la unidad ni para terceros". Y explica que uno de los dos proyectiles impactó en el ojo izquierdo de Ester Quintana, provocándole el estallido del globo ocular.

La Generalitat la indemnizó

Quintana, que tardó en curar su herida 562 días, tiene reconocido un grado de incapacidad del 69% y una incapacidad total y permanente para sus ocupaciones habituales.

Aunque la consellería de Interior siempre ha negado que Quintana perdiera el ojo por un proyectil disparado por los Mossos, sí aceptó pagarle 261.000 euros como indemnización, a través de la aseguradora del departamento. La aseguradora consignó el pago como "responsabilidad civil", y la abogada de Quintana interpretó este hecho como una admisión de la responsabilidad de la Generalitat. Pese al acuerdo, Quintana no renunció a las acciones penales.