La semana 'horribilis' del independentismo

Mientras Artur Mas se sentaba en el banquillo de los acusados por la organización de la consulta del 9N, la justicia apretaba el acelerador en procesos que tienen que ver con el independentismo y la corrupción en Cataluña.

En efecto, el juicio al expresidente catalán, que afronta una petición de la Fiscalía de 10 años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación, ha coincidido con la incoación de diligencias contra el exsenador y magistrado Santi Vidal, por asegurar durante una conferencia que el Gobierno catalán había recabado ilegalmente datos fiscales.

Tras la denuncia de un particular, un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación el mismo día en que se ha sabido que el Estado ha decidido embargar 246.559 euros a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por una multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta entidad impuso a la plataforma secesionista la sanción por abuso de datos ideológicos en la Gigaencuesta que hizo en 2014 --antes de la consulta del 9N de ese año-- para preguntar a los ciudadanos cómo querrían que fuera una Cataluña independiente.

Y, de repente, un 'pen drive'

Asimismo, ayer trascendieron nuevas revelaciones de la investigación que afecta a la familia Pujol. La Policía ha entregado al juez un pen drive, encontrado por casualidad, que contiene información utilizada por la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción. Al parecer, un agente halló el dispositivo mientras ordenaba "diferentes cajones y armarios de su despacho".

Por otro lado, el mismo día en que Francesc Homs, portavoz de PDECat en el Congreso, declaraba como testigo en la causa del 9N, le fue notificado el señalamiento de su juicio en el Tribunal Supremo. El exconsejero de Presidencia se sentará en el banquillo, también por la organización de la consulta, el próximo 27 de febrero.