Junqueras echa a los Registradores dos meses antes de lo previsto

La Vicepresidencia económica de la Generalitat, dirigida por Oriol Junqueras, ha decidido finalmente denunciar el convenio de colabroación que mantenía con los Registradores de la Propiedad desde hace 40 años. La futura hacienda catalana prescindirá de las 55 oficinas liquidadoras con las que trabajaba hasta ahora y lo hará a partir del 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de que finalizará el convenio. Los registradores consideran que eso supone un incumplimiento y "habrán de actuar en consecuencia", según un comunicado que han hecho público esta tarde, tras la reunión mantenida hoy con la secretaría de Hacienda de la Generalitat.

El departamento de Economía asegura que quiere asumir a la plantilla de los trabajadores de las oficinas trabajadoras, cerca de 300 personas, pero "en la reunión de esta tarde no ha concretado cómo se formalizará esa incorporación ni qué condiciones laborales propondrán a los trabajadores. Por tanto, el aspecto laboral sigue abierto", afirman los Registradores, quienes advierten de que no se puede realizar un traspas de funciones en nueve meses.

Mesas de trabajo

La Consejería propone crear unas mesas de trabajo para estudiar los aspectos técnicos. Asegura que de los 863 millones que recauda, 68 millones provienen de las revisiones de las liquidaciones posteriores, función que realizan actualmente las oficinas liquidadoras.

Los Registradores, que dependen del Ministerio de Justicia, advierten de que, tras la denuncia del convenio y durante los primeros años, "el sistema puede colapsar" y tener unas pérdidas anuales de a 400 millones de euros. "Es la cantidad que se dejaría de ingresar a causa de los más de 200.000 expedientes que quedarán en un limbo y no se podrán tramitar", afirmaeste colectivo. recuerdan que, frente a las 55 oficinas que ahora operan, la hacienda catalana solo tiene previsto crear 19. "Los puntos de atención que propone la Generalitat son solo buzones de recepción, no oficinas de gestión. Los ciudadanos tendrán que desplazarse a las grandes ciudades para liquidar sus impuestos", añaden, por lo que "esta decisión deja sin servicio directo a más del 50% de la población de Cataluña.