La Hacienda catalana de Junqueras ‘pincha’ el día que tenía que votarse

Uno de los puntos fuertes del Pleno escoba del Parlament —el último antes de las breves vacaciones de verano de este 2017 y de una duración de cuatro días para discutir más normas de las habituales— es el debate y posterior votación de la proposición de ley del Código Tributario de Cataluña. Tenía que votarse este jueves, 27 de julio, pero la Mesa de la Cámara catalana ha decidido aplazarla hasta el viernes.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) de Cataluña alertó el pasado 21 de julio de que cuatro puntos de la proposición de ley, aprobada en comisión parlamentaria por Junts pel Sí y la CUP, vulneraban la Constitución: en concreto, un artículo y tres disposiciones adicionales.

“Citación ineludible”

El dictamen pone el foco en el artículo 111-4 del Código Tributario de Cataluña, cuestionado a la hora de citar las fuentes del ordenamiento tributario, ya que alude al bloque de constitucionalidad pero no se refiere a la Constitución ni al Estatut abiertamente. Se trata de un punto clave para el órgano de la Generalitat y sostiene en su informe que la Carta Magna es “de citación ineludible”, puesto que es la norma en la que “se basa el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el ordenamiento tributario en su integridad”.

Tampoco aprobó el CGE las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava del libro segundo del Código Tributario —uno de los que se votan este viernes junto con el primero y el tercero—, relativas al sistema de acceso a los cuerpos de inspectores, técnicos y gestores tributarios de la Generalitat, consideradas también inconstitucionales.

Más tiempo para enmiendas

La Mesa del Parlament estableció un plazo para presentar enmiendas de dos días que finalizaba el miércoles a las seis de la tarde. Pero Ciudadanos, principal grupo de la oposición, realizó una petición de reconsideración con la que conseguir un día más para poder presentar enmiendas, algo que la Mesa aceptó tras reunirse y fijó un nuevo plazo: las seis de la tarde de este jueves.

El portavoz de la formación naranja en la Cámara, Carlos Carrizosa, ha explicado a este medio que se trata de una proposición inconstitucional que presenta dos reproches graves: el primero, que se ignora la Constitución y la legislación española. “Todo se refiere al ámbito catalán y eso es inexacto. Se olvidan de que muchas normas son de origen estatal”.

El segundo se refiere a los empleados del órgano en sí: “Se nutriría de funcionarios de la Generalitat, lo que rompe la igualdad de acceso”, algo que ha tachado de escandaloso y restrictivo. Según Carrizosa, el Gobierno de Puigdemont está hablando de la creación de “un cascarón vacío que no gestiona ningún impuesto y acaba siendo una especie de previsión”.

Empresarios e inspectores, en contra

Se trata de una de las proposiciones más polémicas llevadas al Pleno porque pretende asentar las bases de la futura Hacienda catalana con la que el Govern recaudará y gestionará todos los impuestos de los catalanes. La medida fue rechazada por los empresarios catalanes —desde la entidad Empresaris de Catalunya, que representa a 400 compañías contrarias al separatismo—, que se negaron en rotundo a dar los datos fiscales y de la seguridad social de sus trabajadores a la entidad propia, si finalmente se crea.

También los inspectores, desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), se posicionaron en contra del futuro organismo y lo calificaron como un riesgo, un proyecto inseguro e inviable que preocupa a los funcionarios, quienes suelen huir de proyectos que consideran demasiado aventurados.