Fiscalía pide inhabilitar a Artur Mas durante 10 años por la consulta del 9N

La Fiscalía Superior de Cataluña ha sido contundente con las penas que ha pedido a los presuntos responsables de organizar la consulta independentista del 9N en Cataluña. Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeras han pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas al ser acusado de desobediencia y de prevaricación.

Se trata de la misma pena que se les pide a Joana Ortega e Irene Rigau, vicepresidenta del Gobierno catalán y consejera de Enseñanza en 2014. Aunque en este caso la pena que se pide es menor, de ocho años y siete meses.

No se les imputa a ninguno de ellos el delito de malversación. Se había debatido las últimas semanas sobre si imputarles o no un descalabro de las cuentas públicas por organizar la votación en urnas de papel, hecho que les podría haber llevado a las puertas de la cárcel. En el escrito que han firmado los fiscales no aparece ninguna mención a presuntos delitos económicos.

Desobediencia al Tribunal Constitucional

Sánchez Ulled y Bañeras acusan en el escrito que se ha entregado a las partes este lunes de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional de suspender la consulta. Consideran que Mas, Ortega y Rigau intentaron aparentar que la organización de la votación independentista estuvo en manos de voluntarios pero que, en verdad, fue el Gobierno catalán el que impulsó el 9N.

Concluyen que el expresidente de la Generalitat “intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad” desatendió el mandato del Constitucional e incumplió la obligación que tenía de dejar sin efecto la consulta.

Ortega y Rigau, impulsoras junto a Mas

Ortega, a su vez, mantuvo el control público y la coordinación de toda las votaciones al ser la persona que estaba inmediatamente por debajo de Mas, señala el escrito. Fiscalía considera que la dirigente que se reconvirtió en asesora de moda fue la “impulsora directa de las principales actuaciones administrativas” de la consulta independentista.

En cuanto a Rigau, se le acusa de poner a disposición del 9N los medios del departamento de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales para garantizar que los directores de los centros de secundaria prestaran el apoyo necesario.