El fiscal niega la prescripción de los delitos del 'caso Palau'

El delegado de la fiscalía anticorrupción en Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, ha tomado la palabra en la segunda sesión del juicio del caso Palau para rebatir con firmeza los alegatos que ayer vertieron en la sala los abogados defensores de Daniel Osácar, extesorero de CDC,  y de dos directivos de Ferrovial que reclamaron les fuera retirada la acusación de trafico de influencias por haber prescrito del delito.

Sánchez Ulled recuerda a los imputados que se les acusa de tráfico de influencias pero conectado con el delito de bloqueo de capitales, lo que hace más amplio el margen para contar la prescripción. En el caso de los directivos de Ferrovial, el fiscal ha explicado que los pagos o comisiones de la constructora a CDC a través del Palau se produjeron en 2009 y que ellos fueron imputados por tráfico de influencias y blanqueo en 2013, es decir antes de los cinco años de prescripción delictiva que marca la ley para estos delitos.

Inamovible acusación

Osácar se enfrenta a siete años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y de blanqueo, el fiscal no tiene intención de rebajar la petición y mucho menos retirarla. Tras la intervención de Ulled estaba previsto que hablaran el resto de las acusaciones, particulares y popular.

El juicio se suspenderá hasta la semana que viene, que se reanudará con los interrogatorios de Félix Millet y Jordi Montull para quienes la fiscalía pide 27 años de cárcel.  Se espera con especial interés la declaración de Montull quien habría anunciado su voluntad de dar detalles de aquellos dirigentes de CDC que recibieron sobres con comisiones.

Todos al juicio

Sánchez Ulled se ha negado a que los imputados, “salvo gravísimo estado de salud”, puedan ausentarse del juicio. “El calendario de la vista es suficientemente esponjoso como para que los empresarios imputados puedan asistir y cumplir con su tareas profesionales”, ha dicho el fiscal, que además ha reiterado que los registros del Palau se hicieron con totales garantías procesales y ha reconocido que se rompió un cd con datos de la secretaría particular de Millet.