El fiscal del 9N: “No se está juzgando ni la democracia ni la voluntad popular”

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha comenzado su informe final en el juicio por la consulta del 9N, que concluye hoy, asegurando que en esta vista oral “no se está juzgando la voluntad popular”, sino que lo que se pretende dirimir es simplemente si hubieron actuaciones gubernamentales después de la suspensión del Tribunal Constitucional. El expresidente Artur Mas ha intentado interrumpir la intervención del representante del ministerio público, lo que ha sido recriminado por el tribunal, que le ha recordado que tendrá ocasión de hablar al final del juicio.

“No se está juzgando la democracia, es otra cosa completamente distinta, se juzgado si hubo un incumplimiento o desacato de un mandato constitucional”, ha asegurado, tras subrayar que “con dolor y tristeza, he de decir que se han roto las reglas del juego democrático”.

Una cuestión sencilla

Ha dicho el fiscal --que pide penas de 10 y 9 años de inhabilitación para Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau-- que la cuestión que se dirime “es muy sencilla, determinar si tras la prohibición del Tribunal Constitucional se siguieron produciendo actos gubernamentales”. En este sentido, Ulled cree que hubo "una estrategia de desafío abierto al TC".

“Hay que tener claro que este juicio no versa sobre lo que se convocó ni tampoco que determinados voluntarios dedicaran parte de su tiempo a organizar esa votación. Y por supuesto, no es, repito, no es objeto del juicio que muchas personas fuera a votar. Esta es la realidad. No se está enjuiciando una votación popular, no se está enjuiciando una voluntad popular”.

"Yo estaba allí"

Ese día, ha recordado, no hubo policía retirando a los votantes “a garrotazos” y ha dicho que “aquel día, el fiscal que estaba de guardia era yo. Sé de lo que hablo. Hubo denuncias de varios ciudadanos y asociaciones que pedían medidas cautelares consistentes en retirar las mesas y las urnas. ¿Qué pasó? Pues el juez abrió diligencias y se dio trámite al fiscal”.

“Pero en aquel momento no se estaba en condiciones de determinar si se había cometido un delito, por lo que se entendió que no se podían adoptar medidas cautelares tan graves, nos debemos al principio de proporcionalidad”, ha explicado, en respuesta a los argumentos de las defensas, quienes alegan que si ese día no se intervino, es que no hubo ilícito penal.

En opinión del ministerio fiscal, los acusados diseñaron una estrategia para eludir esa posible suspensión del TC mediante una organización encubierta. Ha basado sus tesis en correos electrónicos con las empresas encargadas de la red informática, en los que se insta a la prudencia y la cautela. Ulled considera un elemento importante que desde el departamento de Enseñanza se instara a los directores de centros a entregar las llaves a voluntarios, sin que se dictara una orden razonada, como establece la ley en los casos de uso social de las dependencias escolares.