El Gobierno advierte a Mas de que no es legal el nuevo cargo de 'representante permanente' ante la UE

Ante el plan de Mas de internacionalizar el denominado “proceso” secesionista a través de la creación de nuevos cargos y la apertura de delegaciones a diversos países de la Unión Europea, el gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a interceder.

Según informa el diario Abc, el Gobierno ha advertido a la Generalidad de que no puede nombrar a través de un reciente decreto un “representante permanente” ante la Unión Europea porque ese cargo está reservado para los jefes de Misión de los Estados y no de otras entidades de menor nivel. La Generalidad tenía hasta ahora un “delegado” en Bruselas.

En un escrito remitido por el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, a Frances Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, el Gobierno hace referencia al decreto del pasado 13 de enero, por el que el Gobierno de Artur Mas nombró “representante permanente ante la UE” a Amadeu Altafaj, en sustitución del hasta entonces “delegado del Gobierno de la Generalidad de Cataluña”, cuyo cese se disponía en otro decreto del mismo día.

Anuncio de recurso

El Ejecutivo insta al gobierno autonómico a que retroceda y vuelva a la figura de “delegado” -la que corresponde legalmente como instancia administrativa autonómica- porque, en caso contrario, interpondrá un recurso contencioso-administrativo.

Además, Méndez de Vigo recuerda que la Generalidad nunca informó de este cambio de denominación y que dicho nombramiento no es conforme ni con la legalidad europea ni con el ordenamiento interno español: "En particular, con la reserva constitucional del núcleo duro de las relaciones internacionales, incluida la representación del Estado en el exterior y el derecho a delegación activo y pasivo a favor del Estado”.

La Abogacía del Estado, por su parte, también estudia si cabe presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior, por si vulnera el principio de que la dirección de la política exterior del Estado corresponde al Gobierno de la Nación.

El Gobierno también recurrirá las 'embajadas'

El Gobierno también tiene decidido recurrir ante los tribunales la creación de las embajadas catalanas en Viena (Austria) y Roma (Italia) por considerar que se ha incumplido la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que obliga a las comunidades autónomas a informar de la creación de sus oficinas en el extranjero “con carácter previo a su apertura”.

El Ejecutivo autonómico solo comunicó al Gobierno central la apertura de sus delegaciones en Austria e Italia después de que, el pasado 24 de diciembre, se publicasen en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña sus decretos de creación.