Sáenz de Santamaría, a los jueces: están "obligados" a aplicar la ley

El Gobierno ha sido muy claro este viernes en relación al conflicto abierto con determinados jueces de la Audiencia Nacional que discrepan de la última reforma de la denominada 'justicia universal', que limita la jurisdicción de los tribunales españoles sobre casos cometidos fuera de nuestras fronteras: los jueces están "obligados" a aplicar las leyes.

Así se ha manifestado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha recordado que, en el sistema democrático de división de poderes, de la misma forma que el Ejecutivo está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el poder legislativo, los jueces están "obligados a aplicar" estas mismas leyes.

La reciente reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles solo pueden ocuparse de delitos cometidos fuera del territorio nacional en determinados supuestos: solo para delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos presuntamente por españoles o residentes en España, o de terrorismo si las víctimas son españolas.

Reforma polémica

Esta reforma ha sido muy contestada por determinados magistrados. Así, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechaza archivar una causa abierto contra siete militares chilenos de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, por supuestamente torturar, secuestrar y asesinar a un funcionario español de Naciones Unidas. Ruz considera que el caso entra dentro de los supuestos que establece la reforma de la ley.

El juez Santiago Pedraz también ha rehusado archivar el caso de la muerte del periodista español José Couso en la guerra de Irak, así como la muerte de siete españoles en Guatemala.

La reforma de la justicia universal también ha sido polémica porque obligó a excarcelar a 43 narcotraficantes, que habían sido detenidos en función de la ley anterior.

De Santamaría también ha razonado que la justicia universal ha generado "problemas" desde el momento de su aplicación, y que no es la primera vez que se reforma. Así, ha recordado que, en 2009, el Gobierno Zapatero ya redujo la competencia de los jueces españoles sobre delitos cometidos fuera de España, al eliminar algunos supuestos de aplicación de la ley.