El presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, en un acto del partido

El presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, en un acto del partido

Política

Vox solicitará al Gobierno la disolución de los ayuntamientos que cedan el censo para celebrar el referéndum independentista

La formación liderada por Vidal-Quadras apela a la Ley de Bases del Régimen Local, que prevé la intervención de los órganos de gobierno de los municipios que tomen acuerdos que atenten a los intereses generales o incumplan sus obligaciones constitucionales.

3 abril, 2014 06:17

Diversos ayuntamientos catalanes han debatido, e incluso aprobado, la cesión del censo a la Generalidad para poder celebrar el referéndum independentista que promueven CiU y ERC para el próximo 9 de noviembre, en el probable caso de que este no sea autorizado.

En caso de que esto se produzca, Vox solicitará la disolución de los órganos de gobierno de estos consistorios en base al artículo 61 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, una decisión que correspondería al Gobierno.

Este artículo indica, en su punto 1, que "el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

Para evitar "listas de buenos y malos catalanes"

Según la formación liderada por el vicepresidente del Parlamento Europeo Aleix Vidal-Quadras, la cesión de un censo y el uso posterior que se pueda hacer de los datos atenta contra derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y abre la puerta a "tener listas de buenos y malos catalanes según el criterio de los nacionalistas" en cada municipio de Cataluña, con riesgo de posibles represalias.

Vox recuerda que este artículo de la Ley de Bases del Régimen Local que permite la disolución de un ayuntamiento se ha aplicado ya en ocasiones anteriores, y subraya que es el Gobierno el que tiene que iniciar el proceso y el que está sujeto a la obligación de velar por los intereses de todos los ciudadanos españoles, residan donde residan.

En este sentido, Vidal-Quadras ha señalado que "las continuas vulneraciones de la ley y el permanente desafío al orden constitucional por parte de los separatistas catalanes son posibles por la debilidad y la falta de poder resolutivo de un Gobierno central, que no está a la altura de sus responsabilidades".