Por primera vez desde 2011, Rajoy ha decidido volver a convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos. Los cuatro años de mayoría absoluta fueron un desastre de gestión en la aptitud y en la actitud. Por fortuna, la pérdida de escaños le ha hecho recapacitar. Lamentablemente el presidente de la Generalitat, que pedía diálogo, ahora incomprensiblemente no acude a la reunión. Y el lendakari Urkullu tampoco, lo que es doblemente sorprendente.

La prioridad es la parte institucional y el modelo territorial. España ya ha delegado en las CCAA más funciones que países con modelos federales como Alemania. Pero falta institucionalizar un modelo federal en la Constitución y debe ser debatido con todos y para todos los españoles. Ese fue el espíritu de la Constitución en 1978 y ese debe seguir siendo. Para cambiar la Constitución se necesita una mayoría amplia que incluye al PP, pero también al PSOE y desconvocar las cámaras, algo que no es previsible al menos hasta dentro de dos años.

Por lo tanto, hay que hablar de ello, pero mientras hay que redefinir el Estado de bienestar y su financiación. España ya cuenta con un sistema tributario moderno y Rajoy ha subido todos los impuestos. El sistema es progresivo y es falso que los ricos no paguen lo suficiente. El 3% de contribuyentes de mayor renta en el IRPF pagan un tercio del total de lo recaudado por el impuesto. Y, además, España ya tiene un impuesto sobre la riqueza, como pide Piketty.

Muchas grandes fortunas cambian su residencia y vienen a Madrid para no pagar el impuesto sobre la riqueza

El problema es que ese impuesto está cedido a las CCAA, y en Madrid, el PP con el apoyo parlamentario de Ciudadanos ha decidido poner tipo cero condonando al 0,2% de madrileños más ricos unos 600 millones de euros. Es un problema para los madrileños, que podríamos disponer de más recursos para reducir las listas de espera en la sanidad, para tener más recursos para investigación en nuestras universidades, para mejorar la red de metro y reducir la contaminación en el centro de Madrid, para erradicar la exclusión social, etcétera.

Pero es un problema para todos los españoles ya que muchas grandes fortunas cambian su residencia y vienen a Madrid para no pagar. Eso baja los ingresos de todo el sistema y daña nuestro Estado del bienestar. Y lo hace la capital del Estado donde trabajan 160.000 funcionarios de la Administración central que pagan sus salarios todos los españoles y ellos pagan sus impuestos en Madrid. Hay que acordar una regulación que armonice el impuesto e impida el dumping fiscal de Madrid. También hay que dar más capacidad a los ayuntamientos y CCAA para crear nuevos impuestos, sobre todo medioambientales, pero de nuevo con una regulación que armonice e impida los dumping fiscales dentro de nuestra querida España.

España debe ser un Estado federal y necesitamos cambiar la Constitución. Pero hasta que eso suceda, además de serlo debe parecerlo y eso debería pasar en la Conferencia de Presidentes.

[José Carlos Díez es economista y autor del blog 'El economista observador'. Suscríbete aquí.]